domingo, 18 de febrero de 2018

EL DESPIDO DURANTE LA BAJA MÉDICA YA ES DESPIDO NULO

Como ya sucediera con el caso de los interinos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a poner en evidencia la legislación laboral española. En esta ocasión, el juzgado de lo Social número 33 de Barcelona ha declarado nulo un despido que se produjo durante la incapacidad temporal de un trabajador (baja médica) siguiendo la resolución del tribunal europeo.
Se trata de un caso que marca precedente ya que, de no ser por la intervención de Europa, dicho despido hubiese sido improcedente en lugar de nulo.

DIFERENCIAS ENTRE DESPIDO IMPROCEDENTE Y NULO
Juristas Laboralistas señalan que la improcedencia de un despido y el despido nulo son radicalmente diferentes. Cuando el órgano judicial declara improcedente un despido, lo hace alegando que no hubo motivo para practicarlo, o que la decisión extintiva carece de los mínimos requisitos exigibles por la Ley. Frente a ello se alza la declaración de nulidad, que se basa en que el despido se practicó vulnerando derechos fundamentales y libertades públicas, que ampara nuestra constitución.
Así pues, y es lo más relevante, son las consecuencias de tal declaración. En este sentido, si se declara la improcedencia del despido, o despido improcedente, la empresa deberá optar por readmitir al trabajador o indemnizarlo en la cuantía correspondiente al despido improcedente. Sin embargo, si se declara el despido nulo, la empresa no puede optar, por lo que deberá reincorporar al trabajador en su puesto de trabajo y abonándole los salarios de tramitación. Y estos no son más que los dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en la que se notifique la sentencia. Por ello, los salarios de tramitación suelen ser bastante más elevados que cualquier indemnización.
Una vez visto lo anterior, y entrando a analizar la sentencia del Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona, de 23 de diciembre de 2016, en la que se enjuicia el despido de un cocinero accidentado de un conocido hotel. El origen de todo fue el accidente laboral sufrido por el citado trabajador, al resbalar, caerse y fracturarse varios huesos durante su jornada laboral. Tras varias semanas en situación de incapacidad temporal, la empresa notifica al trabajador su despido disciplinario, alegando “no haber alcanzado las expectativas establecidas por la empresa ni el rendimiento que la empresa considera adecuado o idóneo para el desempeño de sus tareas en su puesto de trabajo”.

UNA SENTENCIA QUE MARCA PRECEDENTES
Pues bien, la novedad reside en que esta sentencia considera que el hecho de despedir al trabajador en situación de incapacidad temporal (baja médica) no es improcedente, sino nulo. Por ello, el trabajador ha de ser reincorporado en la empresa, con idénticas condiciones de trabajo y el abono de los salarios de tramitación en caso de estimarse el despido nulo. Esta sentencia, a pesar de haberse dictado por un Juzgado de primera instancia, sienta antecedentes en tanto las cuestiones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia Europeo han sido las determinantes en gran medida para obtener esta sentencia.
Es necesario tener en cuenta que, el Juez de primera instancia llega a la conclusión de que existe nulidad (despido realizado vulnerando Derechos constitucionales; en este caso al derecho a la integridad física y a la salud), en tanto se discrimina al trabajador por su condición de “discapacitado”, un concepto que ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha calificado como aquel trabajador en situación de incapacidad temporal que presenta un carácter duradero de su incapacidad en la fecha del despido. Precisamente ese es el concepto que el citado Tribunal utiliza como discapacidad a los efectos de calificar el despido como discriminatorio, y que por otro lado ya recogen la Directiva Europea 2000/78, C335/11 y C-337.
Por ello, los despidos practicados sobre trabajadores en situación de incapacidad temporal, que previsiblemente se alarguen en el tiempo, y que puedan ser considerados como discapacitados, cuentan ya con una protección contra el despido mucho mayor que la que la actual doctrina jurisprudencial española le venía garantizando, en la que exclusivamente se estimaba la improcedencia del despido en caso de probarse que el motivo real de éste, era la situación de enfermedad.

nuevatribuna.es

sábado, 17 de febrero de 2018

JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO EN COREA: BAJO LA SOMBRA DE LA GUERRA

El pasado viernes se inauguraron en Corea del Sur los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 bajo el tema oficial de la “paz”. La ceremonia de apertura incluía una coreografía que representaba una paloma con luz de velas y una versión del “Imagine” de John Lennon. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), declaró que querían “transmitir al mundo un poderoso mensaje de paz”.
Bach apuntó, aparentemente sin ser consciente de la ironía, que los Juegos de 2016 habían proporcionado “un mensaje de esperanza” a los refugiados, en un año que terminó con más de 5.000 ahogados al intentar cruzar el Mediterráneo, y muchos más posteriormente.
El mensaje (u)tópico de este año no debería ser tomado más en serio. La realidad es que los JJ.OO. no se habían desarrollado bajo una amenaza de guerra tan inmediata desde los celebrados en 1936 en la Alemania de Hitler. La sombra que eclipsa el acontecimiento deportivo de Corea del Sur es la posibilidad real de que Estados Unidos lance un “ataque sangriento” sobre instalaciones militares norcoreanas inmediatamente después de los Juegos, lo que podría desencadenar un conflicto nuclear y provocar la muerte de cientos de miles de personas en la península de Corea, cuando no de millones.
La Administración Trump ha insistido en que no dará tregua hasta que Pyongyang se someta incondicionalmente a las demandas estadounidenses y ponga fin a su programa de armas nucleares. De lo contrario tendrá que enfrentarse a la acción militar. La decisión de ambas Coreas de competir en el mismo equipo olímpico –celebrada por millones de personas en la región con la esperanza de que fuera una señal de la reducción de las tensiones– fue recibida con hostilidad no disimulada por la Administración Trump.
Este desprecio quedó personificado en la postura arrogante del vicepresidente Mike Pence durante la ceremonia de inauguración, cuando permaneció sentado y con cara de póker mientras la delegación conjunta coreana hacía su entrada en el estadio y todo el mundo se ponía en pie con una gran ovación. El vicepresidente estadounidense no dejó lugar a dudas de que para Washington, Corea del Sur, ocupada por unos 35.000 soldados de EE.UU., es una medio-colonia que debería mantenerse en su sitio.
La asistencia de Pence a los Juegos Olímpicos se convirtió en una gira de preparación para la guerra que incluyó la visita a la instalación de sistemas de misiles balísticos en Alaska y reuniones con los líderes de los países aliados, Japón y Corea del Sur. En unas declaraciones de la pasada semana en Tokio, Pence afirmó que “no permitiremos que Corea del Norte oculte tras la bandera olímpica la realidad de que esclaviza a sus ciudadanos y es una amenaza para toda la región”.
Esto lo afirma el representante de un gobierno que entre 1950 y 1953 libró una guerra que causó la muerte de más de tres millones de coreanos y que ahora está realizando un rearme masivo en la región, que incluye el despliegue de bombarderos B-2 con capacidad nuclear en Guam, en preparación de la guerra.
Contraviniendo su supuesto “ideal internacional”, las Olimpiadas siempre han sido un escenario para la promoción virulenta del nacionalismo y los intereses geopolíticos de las principales potencias mundiales, desde los intentos de Hitler de utilizar los Juegos como una demostración de la supremacía aria hasta la determinación de EE.UU. por demostrar su supremacía sobre la Unión Soviética a lo largo de la Guerra Fría.
Estas Olimpiadas, como todas las que las han precedido, están dominadas por las expresiones más extremas del nacionalismo y del chovinismo, especialmente de Estados Unidos, resumidas en el canto beligerante “¡USA, USA!”. Se podría pensar que un país con el tamaño, la riqueza y el poderío militar de Estados Unidos no tendría necesidad de echar constantemente mano del autobombo, propio de un carácter patriotero y ultranacionalista. Esto solo puede explicarse por la crisis que corroe al capitalismo estadounidense y los nuevos desafíos a los que se enfrenta Washington en su lucha por la hegemonía global.
Además del incremento de la presencia militar estadounidense contra Corea del Norte, los Juegos de Invierno de 2018 han estado dominados por decisión del COI, bajo presión de EE.UU., de prohibir la participación de Rusia. Las alegaciones de dopaje sistemático que se han hecho contra dicho país se basan sobre todo en el testimonio de Grigory Rodchenkov, que dirigió el laboratorio ruso contra el dopaje antes de trasladarse bajo la custodia del gobierno de EE.UU. en 2016.
Los 168 atletas rusos que participan en estos Juegos deben someterse a molestas pruebas adicionales antidopaje, las banderas rusas han sido prohibidas en todas las ceremonias y, en la entrega de medallas, los atletas rusos escuchan el himno olímpico en lugar del suyo propio. El COI anunció este mes que los deportistas y entrenadores rusos a quienes se había anulado su prohibición vitalicia de participar no serían invitados de todas formas. En 2016, se prohibió a los deportistas rusos de los equipos de campo y de pista de los Juegos Paraolímpicos participar en las Olimpiadas de Río.
Estas medidas están claramente destinadas a presentar a Rusia como un Estado paria. La hipocresía del supuesto escándalo sobre el presunto dopaje ruso queda de manifiesto por las revelaciones del abuso sexual sistemático sufrido por atletas estadounidenses por parte del médico responsable del equipo de gimnasia, Larry Nassar. Los medios de comunicación de aquel país han informado durante meses de todo tipo de abusos, sistemáticamente encubiertos por las autoridades del Comité Olímpico de Estados Unidos, que conocían el escándalo un año antes de que saliera a la luz y no lo denunciaron.
Los mismos gobiernos y medios de comunicación occidentales que apoyaban sin ambages la prohibición a Rusia no han propuesto excluir la bandera de las barras y estrellas o el himno nacional de EE.UU. de las Olimpiadas surcoreanas, aunque el abuso sexual a las atletas estadounidenses sea mucho más grave que cualquier violación cometida mediante el presunto dopaje de sus homónimos rusos.
Estas diferencias solo ponen de manifiesto que la penalización de los deportistas rusos no se hace en pro de la supuesta integridad del deporte olímpico –empañado desde hace tiempo por escándalos de corrupción, patrioterismo y dinero empresarial–, sino que forma parte de una feroz campaña de demonización de Rusia,l destinada a preparar a la población para la guerra.
A pesar de las alabanzas oficiales a la paz de los actuales Juegos Olímpicos, las principales potencias capitalistas del mundo están respondiendo con su propio rearme ante el anuncio contenido en el último documento de la Estrategia de Defensa Nacional de EE.UU., de que EE.UU. está preparando un conflicto de “máxima potencia” con “estados revisionistas”, principalmente Rusia y China. La semana pasada, Francia, Alemania, España y Estados Unidos han anunciado importantes aumentos del gasto militar.
Como en todos los Juegos Olímpicos, los intereses geopolíticos y empresariales reaccionarios que se ocultan tras los Juegos de Invierno 2018 contrastan con el extraordinario progreso físico, el inmenso talento y el carácter auténticamente cordial de los diferentes atletas que allí compiten. Ellos no tienen la culpa de verse obligados a actuar bajo el peso aplastante del militarismo, el patrioterismo y la mercantilización que impregnan los JJ.OO.
Las grandes corporaciones que han aterrizado en Corea se embolsarán estos días decenas de millones de dólares. Entre ellas están los patrocinadores olímpicos oficiales, Coca Cola, General Electric, Dow e Intel. Las cadenas televisivas recaudarán cientos de millones en ingresos por publicidad.
Para un puñado de los atletas que compiten, la victoria supondrá millones de dólares en derechos de imagen para la publicidad, mientras que quienes no consigan entrar en el pequeño círculo de ganadores regresarán a casa para volver a enfrentarse a los problemas sociales que acosan a la población en general.
Como dice el personaje que interpreta a la patinadora olímpica marcada por el escándalo, Tonya Harding, en la película recien estrenada, Yo, Tonya: “Cuando quedas cuarta en las olimpiadas no te ofrecen contratos de publicidad. Te ofrecen un turno de madrugada en “Spud City”*.

Will Morrow, en WSWS (traducido al español para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

viernes, 16 de febrero de 2018

GAZTELANIA KATALUNIAKO HEZKUNTZAN INPOSATZEKO 155a ERABILTZEKO PREST DA MADRIL

Azken asteetan Ciudadanos alderdiak hartutako noranzkoa baliatuta – langile publiko izateko gaztelania baino ez lehenestea, besteak beste –,  PPren gobernuak ere keinu bat egin nahi izan die bere jarraitzaile kontserbadoreenei eta Kataluniako hizkuntza politiketan esku hartzera aztertzeko ardura hartu du: hezkuntzan murgiltzeko matrikulazioetan izen ematerako orduan gaztelania lehenesteko aukera eskaini nahi dute. Societat Civil Catalana eta AMESek bultzatutako ekimena beso zabalik hartu dute Madrilen. 155. Artikuluarekin ezartzea “bateragarria” den ala ez aztertzen ari dira eta datozen asteetan jakinaraziko dute erabakia.

Mariano Rajoy ostegunean bildu zen Societat Civil Catalanako kideekin eta gaia gobernuaren interesekoa izateaz gain, herritarren arteko “kohesioa bultzatzeko” ariketa izan dela nabarmendu du. Carles Puigdemontek aise erantzun dio eta abertzaletasun espainiarra hauspotzeaz leporatu dio. Kataluniako kultura erakudeek nahiz hezkuntza arloko taldeek goitik behera arbuiatu dute Espainiaren asmoa eta katalanaren aurkako eraso sendoa dela esan dute.

Betiko leloa
Katalanaren eta gaztelaniaren arteko gatazka beti egon da Kataluniako sektore espainiarraren jomugan. LOMCE indarrean jarri zen garaian legeak argi utzi duen hezkuntza sistemak ezin zuela gaztelania albo batera utzi, eta gaztelaniaz bi ikasgai ematea soilik ez zela nahikoa. Bide judiziala hartu zuten familiek hainbat epaiketa irabazi dituzte. Ebazpenak diote ikasgaien %25 behintzat gaztelaniaz izan behar direla.
Kataluniako Hezkuntza Legea 2009an onartu zuen orduko parlamentuak eta, besteak beste, katalana hezkuntza prozesuko hizkuntza gisa ezarri zuten “ohiko egoeretan”. Hala ere, ikastetxe bakoitzari hizkuntza plan propio bat izateko aukera ematen dio legeak. Gauzak horrela, 2015ean Kataluniako Hezkuntza sistemaren baitan dauden eskolen %14,1 gaztelania hautatu zuen hainbat ikasgaietako hizkuntza nagusi gisa. 2012an, jada, Jose Ignacio Wert orduko Espainiako Hezkuntza ministroak esan zuen euren helburua ume katalanak "espainiartzea" zela. "Katalanak izateaz harro dauden bezala, espainiarrak izateaz ere harro egotea nahi dugu".

Miren Osa, ARGIAn

LOS DESPISTADOS Y EL SOCIALISTA

Buscar las gafas mientras las llevamos puestas. No saber dónde ha dejado uno las llaves y correr desesperado de un lado a otro de la casa. Dejarse el coche abierto. Olvidar tirar del freno de mano y ver cómo tu coche se desplaza mientras sales de él. Tirar un recipiente en la bolsa de reciclaje que no es. Saludar a alguien efusivamente por la calle desde la otra acera y observar como, a medida que te acercas, no es la persona que creías. Confundir la pasta de dientes con la crema hidratante. Olvidarte del código de tu tarjeta de crédito, o del pin. Poner gasolina al diésel. Meter un calcetín rojo en la lavadora de ropa blanca. Perder la cuenta de los cacitos de cereal en el biberón de las tres de la madrugada o no saber en qué te has gastado ese billete de cinco euros que jurarías que llevabas ayer en el bolsillo cuando llegaste a casa… 
Eso son despistes. 
Gürtel, Bárcenas, Palma Arena, Nóos, Cooperación, Imelsa, Fundación, Malaya, Orquesta, Taula, Canal de Isabel II, Púnica, Palau, Eres… y así hasta contar casi doscientas tramas desde que comenzó esto que llaman “democracia” (de las cuales, 126 han sido gracias al PP y al PSOE) son casos de corrupción. Y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha cifrado en 90.000 millones de euros al año lo que toda esta juerga nos ha costado a los españoles. 
47.500 millones, o sea, la mitad de lo que nos roban, supone el 4,5% de nuestro Producto Interior Bruto. Y según el informe de la CNMC, corresponde a los sobrecostes administrativos, posibilitados gracias a las deficiencias en el control de las contrataciones públicas. De los otros 40.000 millones no se tiene mucha más información. 
Para que usted y yo nos hagamos una idea: al año nos cuesta unos 500 euros por cabeza el cachondeo. Si usted tiene una familia de cuatro miembros, eche cuentas: dos mil euretes se le caen del pantalón para ir a pagar el confeti de la fiesta de los hijos de Ana Mato, o la coca y los “volquetes de putas” de algún señor aforado. 
Pero no se trata solamente de lo que nos roban así, contante y sonante. Sino de lo que dejamos de percibir a causa de destinar esos 90.000 millones de euros anuales al trinque. Hablamos de que han recortado brutalmente las partidas que debían destinarse a garantizar el bienestar de las personas dependientes, del mantenimiento del sistema sanitario (cerrando plantas de hospitales públicos, prescindiendo de profesionales públicos para sustituirlos por subcontratas de empresas privadas, que a su vez, han llenado los bolsillos de personas vinculadas directamente con el gobierno popular), del sistema educativo, de las infraestructuras, de la inversión en investigación y desarrollo, de las ayudas a las familias sin recursos.
Aeropuertos sin aviones, estaciones de tren en las que no sube ni baja nadie, tranvías sin sentido, rotondas y esculturas de costes millonarios. Costes multimillonarios de dinero público, presupuestos hinchados que han sido el suculento pastel de los de siempre, a costa de todos los demás. Robos que, si se analizan detenidamente, han generado muertes: las de los pacientes en lista de espera que nunca llegaron a quirófano, las de quienes no han podido sobreponerse al abismo ante la pérdida de sus trabajos y sus viviendas… Y mientras tanto, han ido blindándose en sus aforamientos; salvándose el culo con sus indultos; escapando de la justicia con esas prescripciones que a través de hacer la ley y la trampa se habían organizado. 
Felipe González considera que no nos encontramos en España ante una situación de corrupción estructural. Señala y califica lo que estamos viviendo como una consecuencia de “despistes generalizados”. Además, añade, que a este paso, nadie va a querer ponerse al frente de un partido, por las consecuencias que esto pueda suponerle. 
Yo escribo esto y me quedo bloqueada. Porque de los casi doscientos casos de corrupción que hay registrados desde que vivimos esta llamada “democracia”, la mitad han sido cometidos por el PSOE o por el PP, o ambos inclusive. Y que este señor considere que el robo a la ciudadanía de miles de millones de euros al año pueda considerarse despiste me parece más ofensivo que el hecho de insultarnos directamente a todos. 
Me esfuerzo en tratar de llegar a comprender cómo se puede llegar a decir semejante cosa. Cómo se puede tener la desfachatez de escupir de esta manera y reírse de todos nosotros: de tantísimas personas que llegan a final de mes (o no) con enorme esfuerzo. Que sufren cada día por la pésima sanidad que nos están dejando, por una educación pública en condiciones pésimas, con un profesorado maltratado; familias que hacen malabares para poner un plato de comida en su mesa. Porque tenemos 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Dicho en porcentajes, hablamos de un  28%. De esos 13 millones, uno y medio están al borde de la pobreza severa. Uno de cada tres niños está en riesgo de exclusión social y 4,5 millones de pensionistas ya se encuentran en él. Hay más: un tercio de las personas que se encuentran en riesgo de pobreza, trabajan. 
Será por despiste, pero resulta que, según los expertos, no se cumplen los pactos con Europa. En tema de déficit, aparentemente sí. Pero en lo social, la respuesta es un rotundo “no”. 
Según señalaba Save the Children, “el gasto en protección social tiene un fuerte impacto en las condiciones de vida de niños y niñas. España solamente invierte un 1,3% de su PIB. Nuestro sistema de protección social a la infancia es insuficiente y débil”. 
Dígame, señor Gonzalez, si es por despiste que el 4,5% de nuestro PIB se despilfarre en sobrecostes, y el equivalente al otro 4,5% no sepamos en qué orgía ni a qué narcos ha ido a parar. Dígame, señor González, si los datos que le planteo no le resultan la prueba evidente de que los que nos saquean en realidad son corruptos y no despistados. 
Quizás sea un problema con el uso del lenguaje y del absoluto desconocimiento del significado. Eso sí que es generalizado. Fíjese, hay quien todavía dice de usted que es socialista. Yo es a esos a quienes llamo despistados. 

Bea Talegón (elnacional.cat)

martes, 13 de febrero de 2018

¿QUIÉN ES EL PRESIDENTE MACRON?

Los  políticos de todos lados tienen fragmentos escondidos de su itinerario político y personal. Algunas veces exponer tales secretos ocasiona desilusión o reduce el respaldo entre los simpatizantes que han apoyado a tal persona. Lo que varía es el grado en que los políticos pueden mantener dichos secretos en la oscuridad.
El recientemente electo presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha logrado mantener la oscuridad mejor que la mayoría. Es, por tanto, útil intentar la pregunta de quién es (en realidad). Existe mucho desacuerdo acerca de la respuesta, por una razón: la diferencia no es sólo entre los simpatizantes y los antagonistas, sino también al interior de estos dos grupos.
¿Qué es lo que sabemos acerca de sus antecedentes? Estudió en dos de las instituciones de élite en Francia –Sciences Po y la École Nationale d’Administration (ENA)–, donde su desempeño fue brillante.
Una vez graduado sirvió en el gobierno como inspector general de Finanzas. Luego se movió a la esfera privada y obtuvo un puesto como banquero de Rothschild & Cie. En ese entonces era miembro del Partido Socialista, que en 2009 gobernaba Francia con François Hollande. En ese momento fue que cambió su afiliación partidista a independiente.
Cuando Manuel Valls, el líder de la facción más centrista del Partido Socialista, formó en 2016 su segundo gabinete, más conservador, reclutó a Macron para ser su ministro de Economía. La tarea de Macron era implementar un viraje neoclásico en las políticas gubernamentales de Francia. Macron y Valls tuvieron solamente un éxito parcial.
Se aproximaban las elecciones presidenciales de 2017. Valls buscó la candidatura del Partido Socialista. Macron no lo secundó y, en cambio, creó su propia estructura partidista. Le llamó En Marche! (en marcha), que reproducía también las iniciales de Macron (EM).
El respaldo hacia el Partido Socialista había disminuido con severidad, en gran medida debido a la aguda impopularidad del presidente socialista, François Hollande. El candidato del otro partido principal, Les Républicains, de centro-derecha, era François Fillon, quien sorpresivamente había ganado la nominación de su partido utilizando como su argumento principal su relativa rectitud moral.
La candidata del partido Front National, de extrema derecha, Marine LePen, había logrado hacer que su partido asumiera posturas más respetables a costa de romper públicamente con el fundador del partido y, a la vez, su propio padre, Jean-Marie LePen.
Al principio pareció que los dos candidatos que sobrevivirían la multicandidatura serían Fillon y LePen, que haría que la segunda ronda dual de candidatos fuera una competencia entre el centro-derecha y la extrema derecha. Tal opción le resultó muy desagradable e inaceptable a muchos votantes.
De repente todo cambió. Fillon se embrolló en un escándalo personal, pero se negó a salir de la contienda para que su partido nombrara otro candidato. El subsecuente declive en el respaldo hacia Fillon permitió que Macron se afirmara como el único candidato que podía derrotar a Marine LePen en la segunda ronda.
Macron presentó su partido como una agrupación que no era de izquierda ni de derecha, rompiendo el patrón izquierda-derecha que había prevalecido por un siglo en ambas elecciones –y que gobernaba. Esto funcionó. En la primera ronda, Macron obtuvo 24 por ciento de la votación y LePen 21 por ciento. En la segunda ronda Macron obtuvo 65 por ciento de la votación.
En su campaña, Macron utilizó otro argumento importante derivado de las tradiciones del Partido Socialista, que siempre había sido el primordial defensor de la laicité (algo parecido al secularismo, la condición laica), contra las tradiciones de los partidos de derecha cuya base estaba constituida fuertemente por votantes católicos. Macron acusó primero a Fillon y luego a LePen de intentar promulgar posiciones socialmente conservadoras en cuestiones como el aborto, los derechos de las personas gays, etcétera.
En cuanto asumió el cargo, Macron buscó atraer a su gobierno a políticos importantes de ambos partidos principales así como a ecologistas y autodenominados centristas. Claramente confió en poder destruir las perspectivas futuras de ambos partidos principales y consolidar su dominación propia y la de su partido en la política francesa en las décadas por venir.
Ahora que está entrando en el segundo año de su régimen, ¿qué podemos decir acerca de quién es? Indudablemente es una persona de la derecha en materia económica. Es el primer político que ha sido capaz de promulgar revisiones importantes a las estructuras del Estado benefactor en Francia. Cuando Hollande intentó una versión mucho más suave de tales reformas, la mitad de Francia salió a las calles y las propuestas se retiraron. Cuando Macron lo hizo, no ocurrieron reacciones así. En particular, los sindicatos fueron incapaces de movilizar a sus miembros.
Macron también ha mostrado que es en extremo ambicioso en la escala mundial. Mientras Hollande fue incapaz de mantener la posición de Francia como un aliado en igualdad de condiciones en el dúo Francia-Alemania que controlaba la política europea, Macron se movió al espacio vacío creado por la posición de Alemania, ahora mucho más débil. Y no se detuvo ahí. Ha desafiado las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos sin asumir abiertamente una postura anti-estadunidense.
No obstante, ha buscado que Francia sea un actor importante en el escenario del Pacífico, en África yMedio Oriente, e incluso en América Latina. Parece que lo que está ofreciendo es una versión más agradable de la política mundial estadunidense y no tanto algo más progresista.
En cuanto a los asuntos sociales, Macron es bastante prudente. Sí, respalda las causas favorecidas por la izquierda, pero es cuidadoso de no ir ni muy lejos ni muy deprisa. No desea irritar a los votantes católicos al punto de involucrarlos en protestas callejeras.
El fondo del asunto, para mí, es que Francia tiene ahora la política de derecha más eficaz y perspicaz que haya estado en el poder en la historia moderna. Uno puede pensar que otros quisieron ofrecer un paquete semejante de políticas, pero no fueron capaces de aglutinar una coalición que lo permitiera. Macron ha recibido la ayuda del caótico estado del sistema-mundo, sin duda. Pero debe reconocerse lo eficaz que ha sido en implementar los objetivos conservadores.

Immanuel Wallerstein, en La Jornada

LOS POLICÍAS QUE TORTURARON HASTA LA MUERTE A JOXE ARREGI NUNCA FUERON APARTADOS DE SUS CARGOS

Fueron sus últimas palabras. Las pronunció con el último hilo de voz que le quedaba. Y ese hilo, por muy débil que fuese, ya era bastante: Joxe Arregi llevaba nueve días en el infierno. Pero no un infierno cualquiera, sino uno de carácter oficial, con bandera en la puerta y uniformados en la recepción. “Oso latza izan da”. (“Ha sido muy duro”). Tan duro había sido que después, muy poco después, su corazón dejó de latir y su cuerpo, su destrozado cuerpo, ya no volvió a temblar. Ya no más.
Hoy martes se cumplen 37 años de la muerte de Arregi, un joven al que la Policía investigaba por su presunta relación con ETA. Por eso lo detuvieron. Por eso lo torturaron. Hasta cansarse. Hasta matarlo. “Oso latza izan da” fue el mensaje que logró transmitir a sus compañeros de prisión luego de sus largos nueve días en la sede madrileña de la Dirección General de Seguridad, dependienete del ministerio de Interior. Un ministerio que por entonces, en febrero de 1981, estaba a cargo del conservador Juan José Rosón.
“Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué; saltaron encima de mi pecho; los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes”, fue parte del relato que Arregi logró transmitir a otros reclusos en el hospital penitenciario de Carabanchel. En realidad, tampoco hacía falta que hablase para que los presos que allí le vieron comprobasen que acababa de salir del infierno.
“Estaba aplastado físicamente”, aseguraron los presos que le vieron. Así consta en el informe “Oso latza izan da: La Tortura en Euskal Herria” elaborado por el abogado y actual parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga y publicado por la Fundación Euskal Memoria. En su trabajo, el investigador aporta la versión de quienes estuvieron con Arregi en los últimos momentos de su vida. “Al preguntar si era miembro de ETA, balbuciendo las palabras con un fuerte temblor en todo el cuerpo y con escasas fuerzas para respirar nos dio los datos precisos para su identificación. Intentamos estrecharle la mano en señal de saludo y apenas se apercibió del gesto, por lo cual pudimos observar que le faltaban los reflejos. ‘¡Tengo mucha sed!, ‘¡tengo mucha sed!’, esto es lo que decía con dificultad pero insistentemente”, relataron.
Cuando le desvistieron para acostarle, comprobaron el estado en el que se encontraba. El resto se vuelve entonces aún más aterrador. “Fue apareciéndonos el cuadro tétrico de su cuerpo cubierto de grandes hematomas, siendo el más llamativo uno totalmente ennegrecido de dimensiones aproximadas a los 20 centímetros de altura que le circundaba completamente a la altura de los riñones –describieron-. Los pies hinchados presentaban en toda la superficie de sus plantas un hematoma ennegrecido con visibles quemaduras y ulceraciones tratadas con mercromina. Sus ropas eran en realidad harapos malolientes por la suciedad acumulada”.
La versión del ministro Rosón fue muy simple. “Las lesiones se le produjeron cuando fue capturado y en un supuesto forcejeo en las dependencias policiales”, dijo el responsable de Interior en sede parlamentaria, donde además se permitió lanzar una advertencia: “Esta actuación individualizada no puede ser instrumentalizada por nadie con fines políticos desestabilizadores del estado, la democracia y la paz civil”. Sin embargo, Arzuaga destaca en su informe que “algo más debía haber”, ya que tras la muerte de Arregi “se suceden los ceses y dimisiones de cargos de la Policía Nacional, tales como el director general José Manuel Blanco Benito o Manuel Ballesteros, comisario general de Información”.

De la condena al indulto
El recorrido judicial de este caso no estuvo exento de polémica. Si bien se comprobó que Arregi “permaneció durante ocho días ininterrumpidamente en un mismo despacho de la Brigada Regional de Información por el que pasaron y actuaron hasta 73 funcionarios del Cuerpo Superior de Policía”, lo cierto es que la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid acabó dejando en libertad a los cinco inspectores que habían intervenido en los salvajes interrogatorios a Arregi.
“Lo que se anunció como una investigación en profundidad, comenzó pronto a desacelerarse”, recuerda Arzuaga en su trabajo. Destaca además que “por mera cuestión cosmética, también la Dirección General de la Policía planteó una sanción disciplinaria contra (Julián) Marín y (Juan Antonio) Gil Rubiales”, dos inspectores de Policía que fueron señalados como “instructor y secretario de la declaración que se tomó al detenido Arregi”. El autor del informe de Euskal Memoria sobre la tortura en Euskal Herria señala que la dimensión de esa supuesta sanción era “grotesca”, ya que solamente “constaba de una pérdida de veinte días de sueldo”.
En el juicio sobre este caso, el fiscal pidió tres meses de prisión para Marín Rios y Gil Rubiales “por un delito de malos tratos”. En diciembre de 1983 fueron absueltos, pero poco después volverían a ser juzgados a instancias del Tribunal Supremo. En septiembre de 1985, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid los absolvió nuevamente, e incluso fue más allá: el tribunal rechazó que Arregi hubiese sido víctima de malos tratos y alegó que “no se tiene en absoluto certeza de que las llagas en la planta de los pies fueran quemaduras”.
“Recurrida nuevamente la sentencia, en octubre de 1989, casi nueve años después de cometidos los delitos, el Tribunal Supremo condenó a Julián Marín Ríos y Juan Antonio Gil Rubiales a cuatro y tres meses de arresto y tres y dos años respectivamente de suspensión de empleo y sueldo”, relata Arzuaga. Sin embargo, “tanto la sanción disciplinaria como la condena judicial no tuvieron ninguna repercusión en la vida ni en la actividad profesional de los dos acusados”.
En efecto, el gobierno de Felipe González indultó a ambos policías en 1990. En mayo de ese año, la entonces diputada de IU Cristina Almeida preguntó al Ejecutivo del PSOE cuáles habían sido sus razones para otorgar ese favor a Ríos y Gil Rubiales, quienes continuaban trabajando en dependencias policiales. No recibió respuesta. Lo mismo volvió a preguntar un año después su compañero de bancada Antonio Romero. Entonces, el ministro Virgilio Zapatero Gómez le indicó que “los Inspectores de Policía a los que se refiere la pregunta de Su Señoría se encuentran actualmente en situación de suspensión de funciones por el tiempo estipulado en la Sentencia".
El tiempo pasó rápido. Muy rápido. Poco después, los dos policías condenados e indultados volvieron a sus puestos de trabajo. El caso más claro es el de Gil Rubiales, quien en 2005 llegó a ser designado Comisario Jefe Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Tenerife por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Murió en julio de 2008.

Danilo Albín, en Público

ESTRASBURGO CONDENA A ESPAÑA EN EL CASO DE TORTURAS A PORTU Y SARASOLA

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado al Estado español en el caso de las torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola. El fallo llega 10 años después de la detención de ambos por parte de la Guardia Civil, y tras los fallos (uno condenatorio y dos absolutorios) de las diferentes instancias judiciales españolas. La decisión ha sido tomada por unanimidad.
El fallo concluye que tanto Portu como Sarasola sufrieron un trato "inhumano y degradante" que debe considerarse "malos tratos" (no tortura). Según el TEDH, España violó en este caso el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, tanto en contenido como en forma. Se trata de la primera vez que España es condenada por "malos tratos" (en los anteriores fallos fue por no investigar los casos de tortura, pero en este caso se dan por demostrados).
Así, se establece que el Estado deberá indemnizar a los demandantes con un total de 50.000 euros por daños morales (30.000 euros a Igor Portu, y 20.000 euros a Mattin Sarasola).
Según el fallo del Tribunal de Estrasburgo, las lesiones "están suficientemente demostradas", se produjeron cuando "estaban en manos de la Guardia Civil" y su existencia "no ha sido negada ni por el Tribunal Supremo ni por el Gobierno (español)". Así, recuerda que Igor Portu estuvo cinco días hospitalizado, tres de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos. Además, asegura que ni "las autoridades ni el Gobierno han aportado ningún argumento creíble o convincente que pueda servir para explicar o justificar las lesiones que alegan los demandantes". Por todo ello, añade, "la responsabilidad debe ser imputada al Estado".
El TEDH establece, asimismo, que fueron "malos tratos" y no tortura, porque las lesiones "no tuvieron consecuencias a largo plazo y por la ausencia de pruebas concluyentes sobre el objetivo del trato infligido". Tres de los siete magistrados han emitido un voto particular al entender que lo ocurrido debe de ser calificado de "tortura".

La Guardia Civil, condenada en primera instancia
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa condenó en 2010 a cuatro agentes de la Guardia Civil a diferentes penas "por delitos de torturas graves", que el Tribunal Supremo anuló un año después.
Portu y Sarasola decidieron llevar el caso a Estrasburgo después de que el Tribunal Constitucional rechazara su recurso, y se agotará así la vía judicial española.
Ambos permanecen presos acusados de pertenencia a ETA y de atentar en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas en 2006.

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