miércoles, 15 de noviembre de 2017

LO LLAMAN "CONFLICTO CATALÁN" Y NO LO ES

"Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo": célebre frase que se atribuye erróneamente al ilustrado francés, Voltaire, pero que en realidad es de su biógrafa, Evelyn Beatrice Hall y que define atemporalmente ese principio democrático básico que sigue siendo necesario reivindicar aún hoy en pleno siglo XXI y que a las autoras nos sirve de perfecta introducción al presente artículo. 
Mucho se ha hablado estos días de lo que diagnosticó Naomi Klein a través de su “Doctrina del shock” y que es necesario repetir para llegar a asimilar que, efectivamente, estamos siendo víctimas de ello. Klein demostró cómo circunstancias excepcionales -sea una catástrofe natural o, por ejemplo, el miedo infundido por la posesión de armas de destrucción masiva- que sucedan en un momento determinado ante una población desorientada, son elementos idóneos para que el poder se atreva a aplicar duras medidas económicas o políticas que, en otras circunstancias, no tendrían éxito. Por ejemplo, el huracán Katrina no sólo se llevó por delante a la ciudad de Nueva Orleans, sino que se aprovechó la gran catástrofe para implementar recortes de derechos básicos y políticas neoliberales, que en otros momentos no habrían sido posibles: sobre la destrucción, la creación de un sistema nuevo, el neoliberalismo más vergonzante. 
Es la aplicación de esta Doctrina del capitalismo más salvaje la que se comenzó a poner en práctica, aquí, durante la crisis financiera de 2006 -sin obviar que no fuimos las únicas víctimas de un cataclismo económico con consecuencias a gran escala. Gracias a la crisis y apelando a ella se arrasó con las condiciones de nuestro modelo económico y social previo basado en los principios del llamado "estado del bienestar", como concesión temporal a quienes históricamente habían conquistado los derechos más básicos. El capitalismo a ultranza acechaba el momento más oportuno para imponerse, de ahí que no sólo no nos hayamos recuperado de la crisis sino todo lo contrario, hemos sido despojados poco a poco de servicios públicos, que han sido traspasados a las empresas acechantes. Los recortes en educación y sanidad públicas han sido explicados, por ejemplo, desde criterios de necesidad, de escasez de fondos. Las empresas se habían arruinado, nos decían, por eso fue necesario bajar salarios y, sin embargo, los miles de millones de euros de ganancias, a costa de precarizar el trabajo, fueron aprovechados por algunos empresarios para realizar cuantiosas donaciones para la investigación de enfermedades sin que faltara una buena campaña de comunicación para encumbrarlos; un miserable proceso de privatización del derecho a la salud al que sólo se puede acceder a través del favor del millonario oportuno. 
Ante estas injustas políticas, la gente se echó a la calle, pues su organizada voz colectiva fue la única herramienta que quedaba para protestar. El 15 M fue una clara muestra de que la gente podría lograr grandes cambios desde el legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de manifestación. A este fenómeno social le siguieron numerosas y multitudinarias manifestaciones ciudadanas que se intentaron criminalizar por parte del poder a través de todos los medios posibles. Mediante la denominada “ley mordaza”, para impedir y obstaculizar derechos fundamentales a través de multas administrativas -forma discreta y dañina de disuadir- y la mordaza penal -reguero de procedimientos penales atentatorios contra la libertad de expresión-. El intento de reprimir derechos y libertades públicas obtuvo una amplia contestación social y una opinión pública mayoritariamente contraria a esta represión de derechos fundamentales. Muchos jueces tampoco estaban dispuestos a enjuiciar hechos no delictivos, como la concentración “Rodea el Congreso” o los escraches a los representantes políticos. No sucedió lo mismo con la Audiencia Nacional que pasó de enjuiciar a terroristas a investigar a tuiteros, titiriteros y artistas. 
En este contexto social, emergió “la cuestión catalana”: un conflicto político de grandísima envergadura que ha provocado un enorme shock como consecuencia del lamentable nivel político de nuestros gobernantes quienes, haciendo dejación de sus funciones se parapetaron tras los jueces, judicializando un problema político y, contribuyendo así, a criminalizar social y penalmente una opción política legítima. 
Ese preparado caldo de cultivo provocó las circunstancias idóneas para generar un estado de shock que acometiera una involución democrática sin precedentes desde la Transición. Hemos asistido a una devastación de los pilares básicos del Estado de derecho. Sin tapujos y sin disimulos porque, recordemos, es tras la destrucción de las estructuras preexistentes, cuando emerge sin pudor el talante de un estado con tendencia al autoritarismo que acecha el momento propicio para abordar medidas autoritarias, recentralizadoras, con ayuda de las fuerzas policiales y del Fiscal General. Sin olvidar el papel de la Audiencia Nacional. Todos estos elementos se pusieron a la labor de reprimir violentamente lo que se debió haber resuelto a través de los cauces oportunos existentes en una democracia, como el diálogo y el reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos. Sin embargo, el gobierno de Rajoy persiguió desde el principio las condiciones óptimas para una polarización social dinamitadora de la convivencia y propiciadora del "shock" que necesitaba. 
Con el revestimiento aparentemente judicial de la acción represiva, monitoreada desde el Gobierno, a través del reprobado Fiscal General del Estado, hemos asistido a una de las mayores cargas policiales de los últimos años en Europa: la jornada del 1 de octubre en Catalunya, con cerca de 1.000 personas que requirieron asistencia médica, contra una población que salió a votar en una consulta popular, previamente anulada. No hubo ningún detenido, lo que demuestra lo gratuita y desproporcionada que fue la carga policial. 
Hemos visto al Fiscal General del Estado anunciar detenciones a 400 alcaldes catalanes; también anunció que pediría la prisión provisional para quienes habían impulsado el Procés catalán desde el Parlament. Y por fin, presentó una querella contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament. Previamente, la Fiscalía había impulsado acciones penales contra dos activistas que organizaron las manifestaciones de los días 20 y 21 de septiembre, consiguiendo que ingresaran en prisión provisional. 
Ni los delitos de rebelión y sedición pueden calificar estos hechos, consistentes en ejercer el derecho de representación política y cumplir el programa político para el que fueron elegidos los ahora querellados ni debieran haberse considerado como sedición las movilizaciones de cerca de dos millones de personas, las mismas que eligieron libremente a su gobierno cuando concurrieron a las elecciones autonómicas allá por el 27 de octubre de 2017. 
Inquietante parece el hecho de que se incluya en la querella del fiscal que los escraches, las movilizaciones ciudadanas y la organización de la protesta social sean insurrecciones violentas para perseguir un objetivo político.  Muy alarmante que el Tribunal Supremo haya asumido todos y cada uno de los elementos de esta represión, reescribiendo, de paso, el significado de los derechos fundamentales en juego. 
Se equivocan cuando lo llaman "la cuestión catalana" y puede que fuera así antes, pero no ahora. Un Estado de Derecho debe garantizar la separación de poderes y los hechos demuestran una actuación judicial basada en interpretaciones de carácter político. Hace tan sólo unos años nadie habría creído posible que gran parte de un gobierno pudiera acabar en prisión en nuestro país. Un escándalo que, sin embargo, no sólo ha sido normalizado sino justificado. El estado de shock ha propiciado el proceso de involución democrática que nos ha llevado a situaciones tan lacerantes como que en un plató de televisión en prime time el público arranque a aplaudir al anunciar el envío a prisión de Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán, por una decisión parlamentaria y adoptada en el ejercicio de su cargo. Eso hace unos años no habría sido posible. Sin embargo, a pesar de las grandes manifestaciones pidiendo la libertad de los presos políticos, sigue siendo una gran mayoría del Estado la que justifica y aplaude medidas que creíamos relegadas a las crónicas de otros tiempos. 
Es muy impactante la forma en la que las sociedades de forma mayoritaria pueden normalizar e incluso banalizar la corrupción, la precariedad, la desigualdad, las carencias de participación democrática y la represión. Pero, además de Naomi Klein, sobre este proceso social de "banalización del mal" ya nos alertó décadas atrás otra mujer, Hannah Arendt, para explicar el proceso de aceptación de la barbarie nazi en toda una sociedad culta y adelantada, como lo era la alemana. Tal vez por lo extremo del caso sea más sencillo aplicarlo a cualquier proceso social de pérdida de derechos y valores, en los que la sumisión y aceptación de las situaciones conducen al peligro de la banalización del mal, que ya se está dando en otros países de Europa a través de un ascenso inusitado de la extrema derecha que ha llegado a ocupar este fin de semana masivamente las calles de Varsovia. 
El terreno pues, se ha vuelto fértil para que germinen las peores actitudes y talantes que acechaban a la espera del momento oportuno. Mientras la mayor parte de la sociedad acepta de buen grado esta inusitada represión. Pero que nadie se lleve a engaño: cuando la represión se activa ya no hay quién la gradúe. La represión tiene, además, carácter expansivo: ni se detendrá en el territorio catalán ni se limitará a la cuestión soberanista. O lo enfrentamos como lo que es, una involución democrática que puede plasmarse en los próximos meses en una nueva reforma reaccionaria de la Constitución o sufriremos en nuestras propias carnes ser las próximas víctimas de esta escalada represiva. Y entonces, quizás, ya no quede nadie para salvarnos.

Isabel Elbal y Esther López Barceló, en eldiario.es

martes, 14 de noviembre de 2017

LOS ABOGADOS DEL CASO ALTSASU DENUNCIAN EN MADRID LA INDEFENSIÓN QUE SUFREN SUS DEFENDIDOS

Los abogados de la defensa en el caso de Altsasu han comparecido este martes en Madrid y han denunciado que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha denegado la mayor parte de las pruebas solicitadas por las defensas. Remarcan la indefensión que sufren los acusados desde el inicio del proceso.
Las defensas han hecho público que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por auto de 27 de octubre de 2017, ha denegado, para su práctica en el acto del juicio oral que se celebrará en los proximos meses, "la mayor parte de las pruebas solicitadas por las defensas" de los jóvenes de Alsasua, acusados por delitos de "lesiones y amenazas terroristas".
El referido auto admite la practica totalidad de las pruebas testificales, periciales y documentales interesadas por el Ministerio Fiscal y el resto de las acusaciones personadas. Sin embargo, "inadmite pruebas imprescindibles, pertinentes y necesarias para la defensa de los jóvenes acusados, para los que se solicita una pena total de 375 afios de privación de libertad, sumiéndoles en la más absoluta indefensión, al vetarles la posibilidad de ejercer su derecho a un juicio justo y con todas las garantías, subrayan los abogados.
En noviembre de 2016 la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional (AN), Carmen Lamela, ordenó el ingreso en prisión incondicional y sin fianza por un delito de terrorismo para siete de los detenidos, aunque posteriormente, en diciembre, cuatro de ellos quedaron en libertad.
Permanecen en prisión A.R.A, O. A. y J. U. por unos hechos que, según los letrados, "si algo no son, es terrorismo", y que han calificado como "bronca de bar" o "bronca de feria", a pesar de lo cual sus clientes se enfrentan a entre 12 y 60 años de prisión (la mayoría a 50).
"La calificación jurídica de los hechos (terrorismo), la desproporcionalidad de las penas privativas de libertad interesadas por las acusaciones y la precipitada conclusión del sumario por el Juzgado Central de lnstrucción número 3 de la Audiencia Nacional, denegando también todas las diligencias de investigación interesadas por las defensas, son un ejemplo mas de la situación de indefensión que sufrieron los acusados desde que se inició el procedimiento, y seguirán padeciendo en el juicio oral", han indicado.
En este escenario, la Seccion Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional "está vetando el ejercicio del derecho de defensa y a un juicio con todas las garantias" que ampara la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La acusación del Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones se basa "en una hipotética vinculacion del movimiento denominado Alde Hemendik (Fuera de Aquí) con reivindicaciones de ETA cuyo origen se remontaría a 1976. año en el que ninguno de los acusados habia nacido". Esa campaña tendria como epicentro de su reivindicacion el rechazo a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policia) y las Fuerzas Armadas en la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco. Las acusaciones, sirviéndose de un "informe de inteligencia" de la propia Guardia Civil, trasladan esta supuesta vinculación a un conflicto ocurrido en un bar de Alsasua sobre las 5 de la madrugada del día 15 de octubre de 2016, día de ferias, y califican los hechos "como delitos de terrorismo" al ostentar dos de los denunciantes la condición de agentes de dicho cuerpo.
"A las defensas se les está impidiendo contradecir esa vinculación", lamentan. "Se ha denegado" la declaración de testigos pertenecientes a diferentes movimientos de los que, a lo largo del tiempo, han venido propugnando la salida de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado del Pais Vasco o de Navarra.
"Se han ignorado diferentes resoluciones absolutorias dictadas por distintos tribunales", en las que —después de juzgar a personas que han sostenido reivindicaciones semejantes o han convocado actos como el OSPA EGUNA— se han enmarcado esos actos en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, impidiendo a las defensas su aportación al proceso. También se ha impedido la práctica de un informe pericial histórico que permitiría explicar el origen real de ALDE HEMENDIK, su nacimiento y evolución ajenos a ETA.
Por todo ello los letrados han formulado una protesta por escrito ante la AN, que según han explicado es lo único que pueden hacer por el momento, aunque prevén solicitar que se admitan todas esas pruebas denegadas el día que comience el juicio, algo que no es habitual pero que se permite en la práctica en algunas ocasiones, han precisado.
En cuanto a cómo se encuentran los tres jóvenes que siguen encarcelados, los letrados han explicado que "están bien tratados" aunque se encuentran en régimen FIES (internos de especial seguimiento), que supone unas "duras condiciones" y además están a casi 500 kilómetros de sus familiares.
"Siguen en prisión provisional sin que haya ningún riesgo, porque ya se pusieron a disposición del juzgado de Pamplona, voluntariamente, para prestar declaración o cualquier diligencia, y cuando uno no fue detenido se personó voluntariamente en dos ocasiones en los juzgados de la AN", ha sostenido la abogada Jaione Carrera, que como el resto ha dicho no entender por qué algunos siguen en prisión cuando se trata de los mismos delitos.

Agencias

lunes, 13 de noviembre de 2017

LA CORRIENTE RECENTRALIZADORA APUNTA YA AL RÉGIMEN FORAL

“La crisis catalana dispara a Ciudadanos en el CIS”, titulares de un destacado medio madrileño para ilustrar el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que daba al partido de Albert Rivera un aumento de tres puntos. El proceso independentista catalán no solo ha agitado las aguas en Catalunya, también en el resto del Estado, donde ha despertado una pasión nacionalista que solo se había dejado ver en los grandes eventos deportivos. Enseñas y proclamas patrióticas que van más allá del momento coyuntural, y que son la respuesta de una visión del Estado más jacobino y centralizado que empieza a dudar del sistema autonómico de 1978.
La crisis económica también ha mostrado las costuras de una organización administrativa que pronto cumplirá 40 años con un consenso generalizado de la necesidad de una reforma. De momento, PP y PSOE ya han pactado poner en marcha una comisión permanente en el Congreso que revise el modelo territorial. Sin embargo, la dirección en la que apuntan unos y otros protagonistas es en muchos aspectos opuesta. Y aunque el objetivo, al menos público, es dar una salida al problema catalán, a nadie se le escapa que el resultado final del debate afectará al propio modelo de Estado.
También al régimen foral, que una vez más vuelve a estar en el punto de mira de quieres ven las excepciones de Navarra y la CAV como una anomalía. El problema para los territorios forales es que la corriente recentralizadora llega esta vez con más fuerza que nunca. A PP y PSOE les ha salido un nuevo competidor en su visión jacobina del Estado, que sin vinculación histórica con el 78 ni responsabilidades institucionales habla abiertamente de una uniformización del modelo territorial.
Con 32 escaños y la simpatía de buena parte de la prensa madrileña, Ciudadanos cuenta con altavoces para hacer llegar un mensaje que siempre ha tenido buen predicamento en una parte importante de la sociedad española, que hasta ahora se había mantenido contenida dentro de los dos grandes partidos, siempre cómodos en el status quo. Salvo las habituales declaraciones de algunos dirigentes regionales, tanto PP como PSOE han venido respetando hasta ahora la excepción fiscal.
Pero el conflicto catalán ha dado alas a Ciudadanos, que esta semana ha vuelto a poner el foco sobre la autonomía económica de la CAV y Navarra. “El cupo lo pagan las comunidades del régimen común, que llevan tres años esperando que se renueve el sistema de financiación autonómica y ven cómo se acuerda a oscuras y a puerta cerrada”, denunciaba en el Congreso su portavoz, Juan Carlos Girauta, consciente de la rentabilidad electoral del discurso antiautonomista. A él se ha abrazado ya sin complejos Ciudadanos para remontar en las encuestas gracias a que el debate político gira casi en exclusiva en torno al modelo territorial. Un camino en el que empieza a arrastrar al PP, que temeroso de una fuga de votos agita también la bandera centralista.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL A la espera del escenario que dejen en Catalunya las elecciones del 21-D, el debate constitucional se abrirá con más fuerza en la próxima primera. Lo hará con las mayorías actuales en Madrid, lo que en principio parece blindar el régimen foral, que cuenta con el apoyo en el Congreso de PP, PSOE y Podemos. “Suprimir el Convenio Económico no es una prioridad porque ahora no tenemos mayoría”, apuntó el propio Rivera en su última visita a Pamplona.
Ha pasado casi un año desde entonces, y Ciudadanos ha vuelto a ver el filón. Quizá no tanto como para proponer directamente la supresión del Convenio navarro y del Concierto vasco, pero sí como para poner sobre la mesa un agravio con fuerza suficiente como para arrastrar a PP y PSOE. De la nación de naciones que planteó Pedro Sánchez tras su victoria en las primarias poco más se ha sabido, y en el PP ya hay quien habla abiertamente de recuperar competencias para el Estado. “No se si estamos en el momento de ampliar competencias o de que el Gobierno central recupere políticas públicas esenciales”, apunta el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Con la crisis como excusa, el Estado ya ha limitado estos últimos años el margen de inversión pública de Navarra, y ha condicionado aspectos clave como la gestión del personal público o la posibilidad de generar nuevos tributos. Y ahora se plantea también la revisión de algunas competencias como Educación, que con el argumento de un supuesto “adoctrinamiento” nacionalista se pretende fiscalizar en el futuro desde Madrid. Una iniciativa rechazada recientemente en el Congreso, curiosamente, con el apoyo de UPN.
Es el escenario en el que Navarra encara un debate que llega tras varios años de progresivo deterioro del autogobierno, y en el que presumiblemente volverá a salir la Transitoria Cuarta como espantajo habitual. Una salvedad constitucional que deja en manos de los ciudadanos navarros la posible vinculación con Euskadi, pero cuya supresión centrará la atención por encima de otras cuestiones mucho más importantes en el día a día. Sobre todo el Convenio Económico, que corre el peligro en convertirse el gancho electoral con el que seducir a la creciente visión centralista del Estado. Y que pese a las buenas palabras del ministro Cristóbal Montoro, sigue pendiente de un acuerdo con Madrid. Toca navegar, y viene marejada.

Ibai Fernández, en Diario de Noticias

SUJETOS ACTIVOS Y PASIVOS

El artículo 155 CE tiene sujetos activos y pasivos. Hay partidos que han activado la “coacción federal” con las medidas ya conocidas y hay partidos que está soportando las consecuencias de la aplicación de tales medidas. Tanto los primeros como los segundos van a competir en el proceso electoral abierto por el Presidente del Gobierno a través de la activación del artículo 155 CE, que culminará el próximo 21D.
La pregunta se impone: ¿van a participar los sujetos activos y pasivos en dicho proceso electoral en condiciones de igualdad?; ¿van a ejercer el mismo derecho de sufragio activo y, sobre todo, pasivo los candidatos de los sujetos activos que los de los sujetos pasivos?; más todavía, ¿van a ejercer el mismo derecho de sufragio los ciudadanos que opten por los candidatos de los sujetos activos que por los que opten por los candidatos de los sujetos pasivos? Porque todo lo que afecta al derecho de sufragio pasivo de los representantes afecta también al derecho de sufragio activo de los ciudadanos que los eligieron. Un derecho de sufragio pasivo amenazado es una amenaza para el derecho de sufragio activo de los potenciales votantes.
Esto es lo que significa la querella registrada por el fiscal general del Estado al día siguiente de que el presidente del Gobierno destituyera al Govern y disolviera el Parlament contra los miembros del primero ante la Audiencia Nacional y contra los miembros de la mesa del segundo ante el Tribunal Supremo.
Ambas querellas han sido admitidas a trámite y en ambas se ha iniciado la instrucción, si bien con la adopción de medidas cautelares distintas, como el lector sin duda ya sabe. 
Tanto la AN como el TS han dado por buena la calificación que ha hecho el fiscal general de la conducta de los querellados. A todos se les acusa del delito de rebelión. En esto no hay diferencia entre la AN y el TS. Hay diferencia en las medidas cautelares, pero no en lo sustantivo. Tan acusados de rebelión estos los miembros del Govern como los de la mesa del Parlament.
El TS no ha desescalado nada. Ha aligerado momentáneamente la presión, que no es irrelevante. Pero no es decisivo. Los miembros de la mesa del Parlament no están en prisión, pero políticamente no están en libertad. Buena prueba de ello es que Carme Forcadell no pudo asistir el sábado a la enorme concentración que se produjo en Barcelona para reclamar la libertad de los presidentes de ANC y Òmnium. La expresidenta de ANC y del Parlament está en libertad, pero, por indicación de su abogado, no puede acudir al acto político más importante de la semana, acto que  materialmente se inscribe en la campaña electoral, aunque esta, formalmente, no se abra hasta el 5 de diciembre. 
En estas condiciones en el mejor de los casos, es decir, si los miembros del Goven que están en prisión dejan de estarlo, van a tener que actuar durante todo el proceso y hacer la campaña electoral los candidatos de los sujetos pasivos de la “coacción federal”. Con una amenaza de que, según lo que digan o lo que hagan, pueden volver a prisión y, sobre todo, con la amenaza de un proceso por rebelión, que puede conllevar hasta treinta años de condena.
El pasado sábado eldiario.es publicaba un escrito de 100 profesores de Derecho Penal de las distintas Universidades españolas, en el que se decía y argumentaba que la conducta de los miembros del Govern y de la mesa del Parlament no era constitutiva del delito de rebelión o de sedición. Que podía ser constitutiva de otros delitos, que debían ser investigados, pero que, en ningún caso, podía ser calificada como rebelde o sediciosa. Esta ha sido opinión unánime en toda la doctrina jurídica. No solo la penal, sino la procesal o la constitucional.
Contra esta opinión unánime es contra la que se ha alzado el Fiscal General del Estado, la AN y el TS. Si los protagonistas de la conducta no son nacionalistas catalanes, no hay delito de rebelión o sedición. Pero si son nacionalistas catalanes, entonces si lo hay. Porque basta con salir a la calle y decir aquí estamos, para que se entienda que estamos ante una amenaza portadora de violencia. Eso es lo que dice el auto del Magistrado del TS. No lo dice así, obviamente, pero es lo que dice.
Que nadie se llame a engaño. Estamos asistiendo a la primera fase de una operación de esterilización del nacionalismo catalán. La convocatoria electoral del 21D es, para el Gobierno, la primera medida de esterilización. De ahí que sus agentes electorales no sean los militantes del PP, de los que casi no se sabe nada, sino el fiscal general del Estado y, a través de él,  la AN y el TS. Es a ellos a los que se confía la tarea no tanto de la movilización del electorado propio, como la de disuasión  de la parte menos firme del electorado ajeno. 
Una vez que se tengan los resultados electorales y se haya comprobado la eficacia de la medida, se verán cuales se tienen que tomar a continuación. De momento las querellas están vivas y sobre ellas el Fiscal General dispone de una margen de actuación por el momento más que notable. 
Quiere decirse, pues, que el 21D los ciudadanos de Catalunya van a ejercer el derecho de sufragio en condiciones desiguales. La distancia entre el ejercicio del derecho por los candidatos y los votantes de los sujetos activos del artículo 155 CE y el ejercicio por los candidatos y votantes de, los sujetos pasivos, es enorme. La amenaza de que sea todavía mayor a partir del 22D no solo no puede descartarse, sino que puede anticiparse como más que probable. 
¿De verdad alguien piensa que de esta manera se va a conseguir la integración razonablemente satisfactoria de Catalunya en el Estado? 

Javier Pérez Royo, en eldiario.es

domingo, 12 de noviembre de 2017

SÍ, TODAVÍA FRANQUISMO

Nada demuestra más  la persistencia del franquismo sociológico que un editorial de El País diciendo que no existe el fascismo sociológico.
Vuelve a la carga El País a hacerle el trabajo al pasado. Dice que Franco ha muerto y que recuperar los parecidos hoy con el pasado es un delirio. No me extraña que les haya hecho gracia repetir las palabras de Arias Navarro en 1975.  Es el diario del régimen del 78. Para bien y para mal. Y por eso da hoy tanto bochorno. Solían guardar mejor las formas. No en vano, Fraga fue fundador de ese periódico y la crítica al franquismo siempre tuvo límites. Algo tiene que ver que su estela siempre ha sido la de los vencedoresde la guerra. Incluidas sus incorporaciones al consejo editorial. Felipe González no movió un dedo para que los 200.000 fusilados por Franco tuvieran una sepultura digna.
Explicamos en la ciencia política (y politólogos como Ignacio Torreblanca, que también está en el consejo editorial del diario debiera saberlo) que el presente no puede explicarse sin la “dependencia de la trayectoria” (path dependence). Querer dejar de mirar en el pasado es una oferta de mentirosos que quieren hurtar claves para enteder los acontecimientos. El ascenso de la extrema derecha en Alemania regresó a los medios el pasado nazi y la entrada en el Parlamento de Allianz für Deutchsland llenó los periódicos de recordatorios de 1933. Lo mismo en Italia con los neofascistas de Fuerza Nueva o del Movimiento Social o en Grecia con Amanecer Dorado. Pero en España, dice El país, hablar de Franco es de enemigos de la patria. De su patria, claro. Tampoco le gusta al grupo PRISA que se hable de Cebrián y los papeles de Panamá. Han echado a periodistas de sus tertulias por hacerlo. Siempre han dictado de qué se podía hablar y de qué no.
Nadie en su sano juicio va a decir que la España actual es como la España de Franco. Estaría bueno. Tampoco se dice que la Alemania de Merkel sea nazi, pero si crece la extrema derecha, se mira al pasado y la reflexión es: algo hemos hecho mal cuando estos criminales no se han ido definitivamente. En España es más evidente, porque cada mañana hay 114.000 desaparecidos, asesinados por Franco -ese que ha muerto- que siguen gritando a nuestra democracia que quieren una sepultura digna para que sus familiares sepan qué fue de ellos y dónde están. Pero ni el PSOE ni el PP ni Ciudadanos tienen el más mínimo interés por recuperar esos cadáveres. Sinvergüenzas de esos partidos, como Pablo Casado o Rafael Hernando, dicen que eso son batallitas del abuelo o una búsqueda de negocio de las víctimas. No como las asociaciones de víctimas del PP, que destacan por su altruismo. A Rivera le molesta que hablemos del pasado, porque su partido cada día huele más a falangismo.
Cuando vemos amenazada la democracia, tenemos que mirar a nuestro pasado por dos cosas: primero, porque mirar a lo que ya pasó nos ayuda a entender lo que está pasando y nos da pistas para interpretar el presente; en segundo lugar,  porque cuando se amenaza la convivencia democrática, es bastante fácil que lo que ocurra se parezca a cosas que ya nos ocurrieron. Se trata de no desperdiciar la experiencia, como dice Boaventura de Sousa Santos. Si detienen a unos titiriteros, a unos raperos o a unos políticos, debemos saber que en España hemos encarcelado en otros tiempos a los que hacían teatro contra el régimen, a los que cantaban al viento y a la libertad y hemos levantado cárceles solo para meter a los enemigos del franquismo. Y también podríamos recordar que, como advirtió el mismo Pablo Casado que podía volver a ocurrir, hemos fusilado a gente que luchaba por el reconocimiento de Catalunya como una nación (dentro de la República española) y que lo hicieron sin violencia. Lo que pasa es que los parecidos con el pasado escuecen porque quitan mucha legitimidad a nuestra democracia. Eso es lo que les molesta a los de El país.
En esos encarcelamientos siempre contó el franquismo con un poder judicial comprometido con el régimen del 18 de julio. Los mismos jueces del franquismo pasaron a ser jueces de la democracia, y aunque el poder judicial es evidente que se ha democratizado, una parte sigue rehén de su pasado. Pero lo realmente grave es  la costumbre de la política de inmiscuirse en los asuntos judiciales. Esa no la hemos perdido. Le recuerdo a El País que el Parlamento ha reprobado el Ministro de Justicia y al Fiscal General del Estado. Y que ni han dimitido ni han sido cesados. Y que políticos corruptos quieren a determinados jueces, y que dicen si no habría que pegarle dos tiros a los jueces desobedientes (¿alguien  se imagina que dieran libertad provisional a alguien vinculado a Podemos que dijera que había que pegarle dos tiros a un juez, como ha hecho con Ignacio González?). Eso se llama franquismo sociológico.
El franquismo siguió la estela canovista de inventarse una España falsa que vendría de los visigodos y sancionaron los Reyes Católicos. Es tan falsa esa historia que no les basta para hacerla real con la propaganda. Siempre la han completado con fusilamientos. No en vano, tanto Cánovas como Franco como la Constitución de 1978 le entrega al ejército, negro sobre blanco, la defensa de la “unidad territorial de España”.  Y por eso, desde la Restauración canovista, toda esta historia llena de mentiras viene con Rey -jefe de las fuerzas armadas- , incluida la etapa franquista porque con Franco, ese muerto, también éramos un Reino. ¿Por qué no quiere El país que nos acordemos de estas cosas? Tenemos una herida territorial que solamente vamos a cerrarla cuando los catalanes puedan decidir formar parte -o no- de una España federal que zanje esa discusión que nos lleva enredando siglos. Cuanto más tardemos, más catalanes habrá que no quieran estar con nosotros. A los golpes se construye poco cariño.
Teenemos también una herida social, que arrastramos desde el pistolerismo de la patronal a comienzos del siglo XX, y una herida ciudadana, con una esfera pública débil, arrastrada por nuestra condición de país de la Inquisición al que nunca le interesó construir otra cosa que catolicismo integral y obediencia política a la monarquía. Hasta la invasión francesa de 1808 no empezamos a pensarnos como nación española. O entendemos esto, o no vamos a entender nunca a España.
Se entiendo mejor la policía política creada por el PP si pensamos en lo que aún permanece del franquismo. Se entiende mejor el “a por ellos” que algunos españoles cantaban a la policía que iba a Catalunya pidiéndoles que reprimieran con dureza a otros españoles. Se entiende mejor por qué alguién golpea a otro en la cabeza con la bandera española o por qué te dan una paliza si no gritas a la orden de unos energúmenos ¡Viva España! Se entiende mejor que Rajoy siga siendo Presidente pese a sus sobresueldos o sus sms a detenidos si entendemos que aún pesa el franquismo sociológico y que los medios hacen mal su trabajo cuando hay periodistas corruptos protagonizando programas y tertulias, que haya políticos que enseñan facturas falsas en sus ruedas de prensa o por qué volvemos, tan pronto, a invitar a maltratadores a la televisión como si fueran estrellas . Franquismo sociológico. Entenderíamos mejor nuestras “puertas giratorias” si supiéramos de las familias del poder que llevan mandando desde el siglo pasado (podríamos citar a los Botín, accionistas por cierto de El país). Y entenderíamos mejor los ataques furibundos de El país a Podemos si entendiéramos que nuestra democracia tiene débiles mimbres porque nunca hemos discutido la actual Constitución en un país donde hay 23 millones de españoles que ya no es que no la discutiéramos -que nadie lo hizo- sino que ni siquiera la votamos.
Siga El País con su deriva. Que nosotros seguiremos recordando lo que aún pesa del franquismo en España -y en Catalunya- para que esa gente, que lleva los mismos apellidos que los que mandaron durante el franquismo, no vuelvan a robarnos la democracia.

Juan Carlos Monedero, en Público

¿ES POSIBLE UNA NUEVA LEY FORAL DEL EUSKERA?

El Parlamento de Navarra aprobó el día 27 de noviembre durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad, entre otras, una propuesta de resolución con el compromiso de constituir una comisión especial para que en el plazo de seis meses se proceda a elaborar una propuesta para una nueva Ley Foral del Euskera, con unos principios inspiradores concretos, como son el cumplimiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía navarra, la superación de la zonificación lingüística, la oficialización del euskera en toda Navarra, partiendo de las diferentes realidades sociolingüísticas del territorio y adecuándose a ellas, y la voluntad de abordar este proceso de manera participativa, contando con las aportaciones de las entidades locales interesadas, los agentes sociales y los sindicales.
La propuesta se aprobó con 24 votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu, la abstención de I-E y los votos en contra de UPN, PSN y PPN.
Esta decisión, que abre la puerta a un debate social y político necesario, tiene dos principios de gran calado: el cumplimiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, sea ésta castellanohablante o vascohablante, y la toma en consideración de las diferentes realidades sociolingüísticas que se dan en Navarra, adecuándose a ella.
La propuesta salió adelante por la ausencia en la sesión de un parlamentario de UPN, lo que ha originado cierto debate entre los partidarios de mantener la actual ley que, en nuestra opinión, no garantiza los derechos lingüísticos y una zonificación que delimita esos derechos. El malestar que ha despertado en las filas más reaccionarias esta ausencia no augura un debate constructivo.
Frente a posturas extremas, partidarias del monolingüismo castellano o euskaldun, en Geroa Bai abogamos por el plurilingüismo inclusivo que incluya castellano, euskera, inglés, francés… Todo ello sin perder el referente que debería estar en el centro del debate: el reconocimiento de derechos lingüísticos de toda la ciudadanía. No se debe equiparar la posición que considera insuficientes los avances que posibiliten aumentar la presencia del euskera en la sociedad, en la administración y en la enseñanza con la que considera que cualquier avance en este sentido es excesivo y hasta peligroso. Porque la primera está en la línea de fomentar el euskera y la segunda en la de impedir su desarrollo.
Que el desarrollo normativo atienda a la realidad sociolingüística y que las políticas lingüísticas deban aplicarse teniendo en cuenta esa zonificación es una cosa, y otra muy diferente que el reconocimiento de derechos pueda estar condicionado por ser considerado excesivo o peligroso. Si se reconocen los derechos de toda la ciudadanía no puede limitarse su ejercicio más allá de que la realidad condicione su aplicación o la forma en que deba ser atendido el derecho.
La Ley Foral del Euskera está superada por la realidad. La ley contiene aspectos positivos como el de reconocer el derecho de toda la ciudadanía a conocer y usar el euskera. Pero tiene dos grandes carencias: la oficialidad del euskera está limitada a una zona y la zonificación no se ha aplicado desde la perspectiva de fomento sino desde un criterio restrictivo. Y tanto la propia ley como la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias permiten una lectura más abierta que, por desgracia, no suele ser la que realizan los jueces o la que han aplicado los responsables políticos.
El debate sobre la oficialidad no es nuevo. En el proceso llevado a cabo para aprobar la Lorafna, el 3 de noviembre de 1980 el Pleno del Parlamento de Navarra aprobó por mayoría que el euskera y el castellano fueran lenguas oficiales en toda Navarra. Pero la Comisión Negociadora, integrada por una mayoría conservadora, modificó este acuerdo parlamentario dándole la redacción que definitivamente se aprobó estableciéndose así la oficialidad con base en la zonificación.
Partidos que durante el debate de la Ley Foral del Euskera en 1986 argumentaban que el “proyecto de ley sirviera para acercar a la minoría vascoparlante y a la mayoría navarra castellanoparlante” o que “posibilite en el futuro que si los navarros así lo desean y lo eligen, los ciudadanos navarros sean todos bilingües y se comuniquen en la lengua navarra que quieran”, y votaron a favor de la ley, hoy reniegan de sus planteamientos de entonces.
La oposición tiene ahora la ocasión de demostrar que lo de la realidad sociolingüística va más allá de un estribillo recurrente y que está dispuesta e entrar en el fondo de la cuestión porque la aplicación de medidas acordes con las diferentes realidades sociolingüísticas no es equiparable con una zonificación inamovible que recorta derechos a la ciudadanía navarra. Una zonificación construida sobre muros infranqueables nada tiene que ver con derechos y sí con imposición, porque los derechos no se pueden zonificar.
Finalizamos trayendo aquí la propuesta con que Miguel Izu realiza en la parte final de su artículo Política lingüística, el cambio necesario publicado en DIARIO DE NOTICIAS el día 5 de noviembre: “cooficialidad de lenguas en todo el territorio y zonificación de las políticas lingüísticas, no zonificación versus cooficialidad en todo el territorio, debería ser un nuevo paradigma a debatir. Si realmente queremos debatir”. Por nuestra parte, solo cabe añadir que tenemos disposición total al debate y estamos abiertos a llegar a acuerdos.

Virginia Alemán, Koldo Martínez (parlamentaria y portavoz parlamentario) y Jabi Arakama, miembros de Geroa Bai

ESPAÑA HA ENTRADO EN UNA DERIVA TENEBROSA

Creo que España vive una de las mayores crisis de su historia. Han confluido los lastres del momento mundial con los peores genuinamente patrios dibujando un retrato desolador. Algunos arrancan desde los confines del tiempo para llegar a esta instante preciso de explosión. La noticia, aún peor, es que no es el final, por este camino queda mucho dolor por sufrir, mucho deterioro por experimentar. Una crisis que tiene culpables, incluso entre las víctimas. Muchos deberían mirarse en el espejo a ver si se reconocen y reaccionan.
La involución que ha sobrevenido a este país con la excusa de la crisis catalana debería hacer sonar los timbres de todas las alarmas. Tanto como el retrato deplorable de una parte de la sociedad, irracional y vengativa, que ha emergido. La factura va a ser impagable. Si son de los que prefieren el Viva España que no reconoce como himno ni la propia hija del cantante que la popularizó, pueden seguir tomando el soma. ¿Qué es el soma? Lean. “Un mundo feliz” de Aldous Huxley les será muy instructivo. Mejor aún -más corto y da menos trabajo-, las amargas reflexiones del ex simpatizante nazi Martin Niemöller, autor del famoso “ Cuando vinieron a por mí”. Ya han venido, y vendrán a por más, a por los soplagaitas también.

Porque el problema español es la deficiente educación, no la erudita –que también- sino la que enseña a discernir y actuar en valores. Y la que no engulle, a diferencia de aquí, fallos estructurales como la corrupción. Si hay unos cuantos millones de personas, en la calle y en los partidos, a quienes les gusta retozar en el fango, sepan que eso no ayuda a ningún crecimiento. Y que son responsables del daño que infieren a otros conciudadanos con principios éticos más exigentes y del golpe desestabilizador que dan a la democracia.
“ Un atentado al Estado de Derecho”, la “corrupción en estado puro"  del PP que aflora en la Gürtel. Así de claro lo acaba de decir en el Congreso Manuel Marocho, inspector jefe de la UDEF, la unidad de investigación de la misma policía a la que aplauden muchos cuando apalea a ciudadanos por orden del gobierno. Marocho afirmó además que sufren presiones y que Rajoy y la plana mayor del PP cobraron sobres en negro. Dinero que se retrae de los derechos de los ciudadanos. Los medios “concertados” con el PP no publicaron nada  de esta noticia en las portadas como una nueva página en la historia de la manipulación. Y RTVE, la televisión pública estatal, lo censuró de su minutado. 
Esta política de los medios contrasta con la de gran parte de sus viñetistas que muestran el sentido crítico del que el periodismo está careciendo. De ahí que varios hayan sido despedidos de los diarios en los que trabajan. Un manifiesto con la firma de cien ilustradores denuncia el  #HumorAmenazado 
¿Y los partidos que sostienen a un PP en minoría para que gobierne como lo está haciendo? ¿Y lo que supone de caldo de cultivopara múltiples arbitrariedades? El PSOE,  Ciudadanos, nacionalistas varios, ¿Qué explica el apoyo? No cuela ya ninguna excusa o evasión. No, en personas que piensan. El maquiavélico “fin que justifica los medios” se dejó bajo la silla muchos principios. Sepan para quién trabajan y el país que forman.
Tenemos a numerosos dirigentes catalanes en la cárcel. No hagan caso a The Times que los llama “ Los prisioneros de Rajoy” en un editorial, no;  sigan haciendo caso a los voceros del bloque que son los más entusiastas en considerarlo muy justo y respetuoso con la ley.  O a sus tripas que les piden ensañamiento. Y sobre todo, pasen horas en la disquisición semántica de si son presos políticos o políticos presos. Recuerden que a estos ya los han trincado -con las justificaciones que sea-, y que van por más. Y denle un par de vueltas a la idea. 
España no es Turquía, dicen. Pues camina hacia a ella a pasos agigantados. Con presos políticos, políticos presos, por su actuación política. Y sigan desgranando la madeja. ¿A qué viene la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del reprobado ministro Montoro? ¿Porque su gestión es mejor y les deja en evidencia? Llevan tres años incumpliendo el déficit.  El Samur y los colegios infantiles, les molestan.  En particular la gestión del gasto (o inversión) en los ciudadanos. Los gráficos claman. Y los detalles. Usar medidas coercitivas y autoritarias como batalla política es sucio. Quien lo apoya, se pringa.
Se está judicializando la política hasta terrenos abusivos. Plantean querellas desde el Fiscal General reprobado hasta sindicatos policiales hacia compañeros de profesión como el cesado Mayor Trapero de los Mossos o la alcaldesa de Barcelona a quien acusan de “desobediencia”. No hay querella alguna hacia los participantes en la guerra sucia de "Las cloacas del Estado". Hay que volver a preguntarse quién manda aquí y cómo siguen tragando los socios del PP también el paquete de altos cargos que ellos mismos reprobaron.
Llaman a comparecer ante el juez hasta unos jubilados – dice al menos la noticia de prensa- que se sintieron injuriados por ser calificados de "nazis" –sigue diciendo la noticia de prensa- durante una manifestación ultra que cercó la Asamblea de Unidos Podemos en Zaragoza el 24 de Septiembre. Concentración que impidió a los reunidos, más de 400 cargos públicos, salir del recinto durante horas y en la que fue agredida la presidenta de la Asamblea de Aragón. Impunemente. La investigación de los hechos se encuentra en " un limbo legal" que puede acabar en nada y que contrasta con la celeridad otorgada a los denunciantes ofendidos por la calificación de "nazis". Vean en este vídeo el talante de los congregados y sus gritos pidiendo la ejecución de los acosados.  
El caso es que se ha citado –dice la noticia de prensa de El Periódico de Aragón, difundido por gran número de sus colegas- a Alberto Garzón y a Pablo Echenique. A otras personas y también a Javier de Lucas, Catedrático de Filosofía del Derecho y de Filosofía Política de la Universidad de Valencia, y a mí,  según la nota de prensa sin que nadie lo haya confirmado con nosotros . Ni Javier De Lucas ni yo estuvimos en esa asamblea, ni en esa ciudad, ni hicimos otra cosa que manifestar en Twitter la opinión que nos merecía ese cerco. Como otros miles de personas. Como Garzón y Echenique con todo el derecho. Si se va a penalizar la opinión –ya se está haciendo en algún caso- pasamos a otra dimensión. Y si se trata de amedrentar, también.
Ni Javier de Lucas ni yo hemos recibido la citación que afirma la prensa hemos recibido. No sabemos si sus fuentes les han anticipado un proyecto antes que a los interesados o se ha repensado la inaudita admisión a trámite o ni siquiera existe. Y aún he de añadir algo más. Mi profesión no es haber sido transitoriamente, durante apenas un mes, “candidata número de 2 por Zaragoza por Unidos Podemos”. Como independiente, que nunca explicitan. Mi profesión es el periodismo que vengo ejerciendo desde hace casi medio siglo con algunos resultados a constatar. Nunca ser “candidata” es una profesión o el título de por vida y menos cuando ni salí elegida. Algo que no lamento, por un balance de variables, aunque no reniego de aquella experiencia. Ni soy ni fui militante de Podemos ni de ningún partido y no he participado en actividad política alguna desde entonces. No así otros informadores que actúan de claros voceros de algunas formaciones. La ley del embudo siempre es injusta.
Pero parémonos un poco ¿La querella o lo que sea es por tuits o retuits? Ahí tenemos a toda una presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, llamando fascistas a 5 millones de personas. Fascistas, facción Fake Winston Churchill en una cita falsa que se le atribuye. Para ella no rigen las denuncias. Ni siquiera las de corrupción que anegan al partido que preside en Madrid. Cifuentes, eso sí, demuestra su incapacidad para un trabajo en favor de una ciudadanía a la que, según su ideología, desprecia e insulta.
Lo que sí está clara es la guerra emprendida por quienes detentan el poder, tantas veces con trampas –el dinero B es una trampa-  y sus soportes en otros estamentos para mantener sus abusivos privilegios. Se llega a la conclusión del profundo deterioro de la política, el periodismo “concertado” con el poder (en definición ultranatura de nuestra profesión), una parte de la justicia y un sector decisivo de la propia sociedad.
Y a otra más personal a la que, a pesar de múltiples avatares, no había llegado a aproximarme tanto: Es inútil informar a los que no quieren oír, ni ver, ni saber.  Quien no se haya enterado de lo que ocurre, ha tenido tiempo sobrado de hacerlo. Serán ellos quienes deberán explicar a sus familias, a sus vecinos, al resto de sus conciudadanos, por qué nos han traído y mantienen en este lodazal. Sepan las víctimas inocentes a quien se lo deben. Las culpas están perfectamente definidas. España ha entrado en una deriva tenebrosa, que no acaba aquí.
Péguense entre ustedes y recojan sus despojos. La vida es demasiado importante y corta para malgastarla en batallas inútiles, e inútil es ocuparse de la gente tóxica. De la vida, forma parte hacer lo que creemos en conciencia. Informar también, a pesar de todo.

Rosa María Artal, en eldiario.es