El fiscal y la acusación particular han pedido este lunes siete y ocho años y medio de inhabilitación profesional, respectivamente, para el alcalde de Murillo el Fruto, Javier Gárriz, por un presunto delito de prevaricación en la concesión de unas subvenciones para la rehabilitación de viviendas.
Los hechos se remontan a 1997 cuando el consistorio, gobernado entonces por el PSN, decidió que la obra de pavimentación de una calle de la localidad fuera costeada con una contribución especial de los 155 vecinos afectados.
En febrero de 2001, cuando Gárriz ya era alcalde, con el PSN en la oposición, se aprobó una ordenanza municipal reguladora de las ayudas a la rehabilitación de edificios, una normativa que en agosto de 2004, cuando UPN gobernaba en solitario, fue modificada de nuevo por el pleno.
Esta modificación, entre otros aspectos, hizo que la competencia para aprobar esas subvenciones no fuera del pleno, sino del propio alcalde, según ha dicho éste con el objetivo de que fueran "más rápidas" en su tramitación.
No obstante, tanto el fiscal como la acusación particular consideran que estas ayudas se concedieron a los vecinos de la calle en la que se hicieron las obras con el único objetivo de devolverles el dinero que pagaron por la contribución especial, con la que el alcalde no estaba de acuerdo.
En las elecciones de 2007 accedieron a la corporación tres ediles de la Agrupación Independiente de Murillo el Fruto (AIM), que son los que ahora ejercen la acusación particular.
El alcalde, que no ha querido responder a las preguntas de la acusación particular, ha manifestado en el juicio que todas las obras de rehabilitación que recibieron subvenciones fueron realmente ejecutadas, lo que fue comprobado, ha dicho, por el alguacil en el caso de las obras menores y por del arquitecto municipal en las de mayor envergadura.
Gárriz ha reconocido que el objetivo de estas ayudas era devolver a esos vecinos el importe de la contribución especial, cuya aplicación fue "un agravio comparativo", ya que nunca se había cobrado en el pueblo ni se ha vuelto a cobrar desde entonces.
Tras resaltar que en todo momento pensó que actuaba conforme a la legalidad, Gárriz ha indicado que ni el secretario municipal ni el departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra cuestionaron en ningún momento este procedimiento.
Han comparecido en el juicio como testigos los tres concejales de AIM, que han explicado que conocieron lo sucedido cuando entraron en el consistorio y, ante las quejas de algunos vecinos, pidieron la documentción correspondiente.
Los ediles de AIN han entendido que las peticiones de subvención no cumplían en muchos casos los requisitos establecidos en la ordenanza e incluso, han apuntado, algunas de las obras podrían no haberse realizado.
Al respecto, la persona que ejerció las funciones de arquitecto municipal ha indicado que no comprobó personalmente la ejecución de las obras menores, una labor que realizó el alguacil y que, según ha afirmado, es la práctica habitual en la localidad.
El arquitecto, que ha matizado que tampoco se le dijo expresamente que no fuera a comprobar alguna de las obras, ha comentado que suscribió una relación de personas, obras e importes de subvención según la documentción aportada por el alcalde.
Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de Murillo el Fruto ha explicado que no puso objeciones legales a las ayudas ya que existía una ordenanza, había presupuesto y contaba con el informe del arquitecto.
No obstante, ha señalado que ha podido constatar que muchas subvenciones se dieron sin que las solicitudes cumplieran los requisitos y sobre algunas, ha asegurado, ni siquiera existe documentación acreditativa.
En sus conclusiones finales, la acusación particular ha considerado que ha quedado acreditada la existencia de un delito continuado de prevariación, ya que a su juicio se incumplió la ordenanza de rehabilitación "de forma grosera, total y absoluta" utilizando un informe del arquitecto cuyo contenido es "falso".
El representante de la acusación particular, tras subrayar que "se ha desbordado de forma clamorosa y patente la legalidad", ha afirmado que el alcalde tomó "una decisión política y personal" para devolver el dinero de una contribución con la que no estaba de acuerdo.
El fiscal ha aseverado al respecto que en este caso no es que se haya producido una "vulneración" del procedimiento administrativo, sino que el mismo "no ha existido", ya que en muchas de las subvenciones, ha apuntado, ni siquiera consta la solicitud.
Sin embargo, ha opinado que no existe un delito continuado, sino un único acto, aunque con "numerosas ramificaciones".
La defensa del acusado ha manifestado que el alcalde no intentó discriminar a los vecinos y actuó con la "certeza absoluta" de que lo que estaba haciendo "era lo correcto", ya que en ningún momento fue alertado por el secretario de la supuesta ilegalidad del procedimiento.
El abogado ha declarado que los ediles de AIM, con la denuncia, intentan "por vía no democrática, por vía judicial, defender unos "intereses políticos".
EFE
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