Los presos de ETA están debatiendo su adhesión o no al llamado Acuerdo de Gernika, que incluye el total desarme de la banda y “un definitivo abandono de su actividad armada”, aunque también una negociación política con importantes concesiones del Estado.
El debate ha sido impulsado por la izquierda abertzale, que ha llevado ese documento a las prisiones para atraer a sus tesis al mayor número de reclusos —hay muchísimos más etarras presos que libres— aprovechando que ETA ha perdido en gran medida el control sobre sus presos.
El debate de los presos de la banda está abierto, según fuentes de la lucha antiterrorista. En sus manos está el documento que partidos, sindicatos y agentes sociales de la izquierda abertzale suscribieron va a hacer ya un año.
Ahí están las tesis que suscriben Bildu, Aralar, LAB… y cuyo primer punto, el del “alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional”, creen ya cumplido por ETA.
Pero el contenido del Acuerdo de Gernika, menos en donde habla del final de ETA, es rechazado por el Gobierno, ya que, insisten fuentes del Ministerio del Interior, mientras ETA exista no hay nada que negociar.
“La izquierda abertzale está fomentando en las cárceles el debate sobre el documento de Gernika porque lo que pretende es controlar todo lo que era el entorno de la banda pero sin la tutela de ETA, que saben que se encuentra en una situación de debilidad extrema”, afirman las mismas fuentes.
La debilidad de la banda, especialmente en lo que ella misma denominaba “el frente de makos”, está siendo aprovechada “de manera organizada” por la izquierda abertzale para sumar adhesiones de presos al Acuerdo de Gernika.
Lo que pretende la izquierda abertzale que ha optado por la no violencia es sumar fuerzas a sus tesis para ganar el pulso que actualmente se mantiene en ese mundo entre los que optan por las vías exclusivamente políticas —aunque de momento sin abominar de su historia— y los que pretenden la combinación de bombas y votos.
El objetivo no son los presos que ya saben ganados (los que se han declarado abiertamente por el fin del ciclo de violencia), sino una masa no revelada de reclusos que, aunque no declaran abiertamente su disidencia de ETA y mantienen intacta su ideología independentista, sí han visto que el terrorismo debe acabar.
¿Son muchos? “Es imposible de cuantificar, pero es un grupo numeroso, posiblemente creciente, de gente que está buscando soluciones individuales y que ya no se someten al control del colectivo de presos”, dicen las fuentes.
No obstante, incluso el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK en sus siglas en euskera), la ortodoxia etarra en los presidios, hizo un amago de apoyar el documento. Sin embargo, dio marcha atrás.
Su jefa, Belén Egüés, ni se plantea una disolución de ETA sin una negociación previa que incluya las reivindicaciones históricas de ETA. Sus ojos están puestos en el partido que llene las urnas el 20-N.
Pero el EPPK es consciente de que está de capa caída, que apenas puede transmitir sus consignas (ni las recibe) y que el descontento entre su tropa se generaliza.
“Cuantos más presos apoyen ese documento, más peso ganan los partidarios de que el terrorismo se acabe y, al tener más gente que apoya la vía de acabar con la violencia, debilitan la posición de la banda”, insisten las fuentes. “Y son ellos los que han llevado el Acuerdo de Gernika a las cárceles, no ETA”, que ahora carece de correos estables entre la dirección y los talegos.
La desarticulación de H-Alboka (una estructura orgánica de ETA para control del colectivo de presos y sus familiares, entre otras actividades, dirigida por abogados) y la ilegalidad de Askatasuna (aunque de facto seguía sus actividades) han facilitado ese movimiento. Y en esta maniobra se enmarcan los continuos guiños de Bildu hacia los familiares de los presos y, por tanto, hacia estos mismos.
El documento es inequívoco al optar por el definitivo abandono de la actividad armada, ya que el primer punto para llegar a “una situación de no violencia con garantías” pasa por el alto el fuego de ETA que ya está en vigor “como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada”. También exige el acatamiento de los llamados Principios Mitchell y el primero es claro: “El desarme de todas las organizaciones paramilitares”.
Claro que esos son principios pensados para “el diálogo y la negociación política” y en el documento también se insta al Gobierno a dar pasos (“decisiones e iniciativas”, dice) que no va a dar. Por ejemplo, se reclama la derogación de la Ley de Partidos, el fin de la ilegalización de organizaciones como Sortu o Batasuna o el final de la actual política penitenciaria.
El documento, además, contiene apartados especialmente destinados a los presos, aunque para ello tienen que decidir abandonar la “defensa política de su causa”, la que ha impuesto ETA tradicionalmente, para pasarse “a una defensa jurídica y, por lo tanto, acatar el Código Penal”.
Gernika habla, por ejemplo, de la concesión de libertades condicionales a todos los presos que cumplan los requisitos legales o de la abolición de la denominada doctrina Parot (en proceso de revisión en el Tribunal Constitucional) o la liberación de los presos enfermos (José Ramón Foruria, condenado a 40 años y con un grave cáncer de vejiga, que ha abandonado la prisión).
El País
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