El centroderecha parte como gran favorito para vencer en las elecciones
legislativas islandesas de este fin de semana, lo que supondría el regreso al
poder de los partidos que impulsaron las políticas neoliberales que llevaron al
país al colapso económico de octubre de 2008.
Todos los sondeos apuntan a una mayoría cómoda
del centroderecha frente al desplome de la coalición de izquierda que ha gobernado Islandia en
los últimos cuatro años, y la única duda parece ser si ganará el conservador
Partido de la Independencia o el centrista Partido del Progreso, virtualmente
empatados. Centristas y conservadores gobernaron juntos entre 1995 y 2007, un
período donde comenzó la ola privatizadora, empezando por los
principales bancos de la isla, que en una onda expansiva insólita llegaron a
tener un tamaño equivalente a diez veces el PIB de Islandia y cuya quiebra
situó al país en una crisis sin precedentes. Las protestas
se llevaron por delante al gobierno del conservador Geir H. Haarde y auparon al
poder a la Alianza Socialdemócrata y al Movimiento de Izquierda Verde.
Pero el primer gobierno de izquierda en 69 años
de independencia de Islandia no ha cumplido las expectativas generadas, y pese a que
ambos partidos han cambiado de líderes, los sondeos les vaticinan una pérdida
de al menos la mitad de los votos obtenidos en 2009. Aunque ha logrado
estabilizar las finanzas obteniendo un ligero crecimiento económico y reducido
el paro y la inflación, el programa de ajuste impuesto por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) que el gobierno ha seguido a rajatabla ha
tenido un coste social elevado.
La coalición de la primera ministra
socialdemócrata, Jóhanna Sigurdardóttir, no ha resuelto el alto
endeudamiento hipotecario de
las familias, ni ha sacado adelante la reforma del sistema de cuotas pesqueras,
ni una iniciativa popular para reformar la Constitución.
Si a ello se le añaden las disputas en el seno de la coalición por cuestiones
como la UE y el litigio sobre las indemnizaciones a ahorradores extranjeros por
la quiebra del banco Icesave (filial británica del banco
islandés Landsbanki) se
entiende por qué el Gobierno quedó en minoría a mitad de la legislatura y con
unas cotas de impopularidad muy elevadas.
Ese descontento ha sido aprovechado por el Partido
del Progreso, tradicional "hermano pequeño" de los
conservadores y que por primera vez podría ganar unos comicios gracias a su
oposición a los acuerdos firmados por el Gobierno en el caso Icesave y a su
propuesta para reducir un 20 % la deuda hipotecaria de los islandeses. Su
hipotético triunfo dejaría pese a todo en mal lugar al Partido
de la Independencia, que hasta 2009 siempre había sido la
fuerza dominante en Islandia, y podría provocar la salida de su líder,
Bjarni Benediktsson, del que se critica su falta de carisma.
Socialdemócratas y "rojiverdes" se
agarran al ligero repunte que muestran las
últimas encuestas, aunque los sitúan todavía lejos del centroderecha, aun
recurriendo al apoyo del centrista "Futuro Brillante", una nueva
formación que al igual que el "Partido Pirata" cuenta con muchas
opciones de entrar en el Parlamento.
La campaña electoral ha girado en torno al
problema de las hipotecas, muchas vinculadas a la inflación -que se disparó con la crisis-,
y a otros temas como el empleo o la sanidad, por delante del ingreso en la UE,
que ahora mismo parece una quimera.
Forzada por sus aliados "rojiverdes",
Jóhanna Sigurdardóttir suspendió temporalmente las negociaciones con Bruselas
en enero, apelando a la imposibilidad de concluirlas antes de los comicios,
cuando hace cuatro años la líder socialdemócrata hablaba de hacer un "ingreso exprés" antes incluso que Croacia. El
conflicto con varios países de la UE por el caso Icesave y por las cuotas de
captura de caballa y la crisis del euro han hecho renacer el tradicional
euroescepticismo de
los islandeses. Según una encuesta publicada hace dos días por la televisión
pública "RÚV", el 52,2% se opone al ingreso frente al 27,6%, aunque hay una
mayoría favorable a concluir las negociaciones. Tanto el Partido de la
Independencia como el Partido Progresista no solo son contrarios a la adhesión,
sino que defienden el fin de las conversaciones y la retirada de la solicitud
de ingreso.
Público
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