El 24 de septiembre de 1936 la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra elevó "a los señores generales y jefes de la Junta de Defensa Nacional de Burgos" un informe, hasta ahora no muy conocido, en el que aquel organismo, no contento con la represión llevada a cabo en Navarra (y que para aquella fecha se había llevado consigo centenares y centenares de vidas, sobre todo de votantes de izquierda), se animó a aconsejar sobre la conveniencia de adopción de una política de mano dura contra el nacionalismo en Gipuzkoa. Recordemos que para entonces se había conquistado San Sebastián y que la mayor parte del territorio guipuzcoano estaba en manos franquistas.
La Junta Central Carlista de Guerra estaba presidida por Joaquín Baleztena Azcárate, presidente de la Junta Regional de la Comunión Tradicionalista, pero su auténtico director era el vicepresidente, José Martínez Berasáin, director del Banco de Bilbao y responsable de toda la actividad carlista en Navarra durante la República y en el verano y otoño de 1936, al ser el verdadero hombre fuerte en la nueva situación, según se desprende de la documentación conservada a pesar de los expurgos sufridos. El resto de los miembros de dicha Junta eran Javier Martínez de Morentín, por la Merindad de Estella; José Gómez, por la Merindad de Aoiz; el arquitecto Víctor Eusa, por la Merindad de Pamplona; Marcelino Ulíbarri, por la Merindad de Tafalla; Víctor Morte ,por la Merindad de Tudela, y Eleuterio Arraiza y José Uriz Beriáin, este último secretario y que unos años después llegaría a ser el secretario de la Diputación Foral de Navarra durante décadas. Desde dicha Junta Central se conformaron también Juntas de Merindad. Además de encargarse de las cuestiones ligadas a la movilización carlista y a las tareas relacionadas con la participación de la Comunión Tradicionalista en el golpe de estado militar, la Junta Central Carlista de Guerra asumió papeles represores, impulsando la limpieza política efectuada por los carlistas en la propia Navarra.
El punto F) del mencionado informe se refiere a las medidas a adoptar en el ámbito de lo político. En él se decía lo siguiente: "Con el mayor respeto tenemos que declarar que en Guipúzcoa se está siguiendo una política de lenidad tan acusada que constituye una alarma para las gentes que han padecido los horrores rojos y nacionalistas. Si esa política responde a una norma directiva con vistas a hacer más fácil la rendición de Vizcaya, esperamos que cuando ésta se logre se rectificará radicalmente". Asimismo, en la nota 9ª del Anexo se ahondaba en la cuestión y se aconsejaba la conveniencia de la aplicación de una dura represión del nacionalismo vasco en Gipuzkoa. "La dureza del castigo aplicado en Andalucía, Extremadura, parte de Aragón y parte de Castilla, contrasta con esa lenidad apuntada. Pero ha de advertirse que el nacionalista ha atentado de manera más directa a la Patria y de modo más reflexivo que los rojos que defendían un estado de derecho que les favorecía y no tenían en su ánimo ir contra la Patria misma, sino únicamente contra un orden de cosas representado por el Ejército, que no les convenía. Mientras que los nacionalistas, que son los que han dado lugar a la resistencia que ha motivado la guerra, han pretendido con su alianza criminal aniquilar a la Patria. En vano se dirá que han evitado muchos males, porque esos que han evitado y los que no han podido evitar, hubieran dejado de suceder si en el primer momento hubieran cumplido sus obligaciones de católicos y de españoles. La política con los nacionalistas debe ser la de la aplicación de las penas del Bando a los que estén incursos en él y aquellos a quienes no les sea demostrada su participación activa pero que sean destacados nacionalistas, debe serles impuestas penas de orden económico y destierro".
Por su parte, la nota 11ª del Anexo se refería al clero nacionalista. "Especialmente urge actuar contra el clero nacionalista; contra los que estén comprendidos en el Bando, imponiéndoles sin contemplación las penas, contra aquellos otros, destacados, pero que no se les demuestra su actuación con los rojos desterrándolos. Para no dar pretesto [sic] a protestas que puedan perturbar las conciencias de algunos timoratos y en todo caso porque en conciencia debe hacerse, bueno será dirigir un escrito a Roma declarando que en extricta [sic] aplicación de las leyes y dentro de la excepcional gravedad y urgencia de la guerra hay que actuar en juicios sumarísimos (subrayado en el original) contra clérigos amparados de ordinario por el fuero personal del canon 120 y que no siendo factible dirigirse a los Prelados siendo uno de estos -el de Vitoria- el que comprende el mayor número de los clérigos nacionalistas y él no ajeno de responsabilidad, no podrían solicitar la licencia canónica, que se solicita genéricamente para todos aquellos clérigos comprendidos en el Bando de guerra. La comunicación oficial suple a la petición de licencia y no puede ser lícitamente negada ésta o sea que sin esperarla se considera canónicamente autorizada la actuación judicial contra los clérigos sin lesión de ser privilegio amparar la impunidad. La comunicación a la Santa Sede reportará el bien de que cese la intriga que allí se forja contra el movimiento. A la petición de separación del Obispo de Vitoria, deben seguir otras en especial la del Cardenal de Tarragona".
Los contenidos de ese informe habían sido prefigurados por diversos artículos publicados con anterioridad en la prensa navarra que animaban a la puesta en práctica de acciones depuradoras en los territorios guipuzcoanos recién conquistados.
En Diario de Navarra del sábado 1 de agosto de 1936, Eladio Esparza, subdirector de dicho periódico y uno de los ideólogos de la sublevación y hombres fuertes de la nueva situación como delegado de prensa y propaganda del carlismo, elaboraba un relato según el cual los navarros estaban combatiendo en Gipuzkoa junto con los militares sublevados en "una lucha contra un plan infernal de exterminio que estaba en vías de ejecución, bien pertrechado y organizado terriblemente", en "una guerra de salvación contra unos forajidos que estaban dispuestos a la más cruel matanza y al terror más espantoso", por "razón de cristiandad, razón de civilización, razón de vida!". A la semana siguiente, el día 8 de agosto, el mismo comentarista volvería a incidir en los mismos argumentos tanto en Arriba España, órgano del falangismo navarro tras haber decomisado Falange el periódico nacionalista La Voz de Navarra, como en Diario de Navarra.
Tras la toma de San Sebastián, el 16 de septiembre Eladio Esparza en artículo publicado en Diario de Navarra con el título Del frente guipuzcoano advertía en contra de actitudes clementes. Decía: "El ambiente callejero de San Sebastián me agrada mucho. ¡Lo creo espontáneo, satisfecho, nuestro! Se vitorea a Navarra con entusiasmo, con alegría, con satisfacción. Pero en otras esferas encuentro muchos reservones. Posible es que los dedos se me antojen huéspedes, pero también es posible que a muchos donostiarras se les antoje que aquí no ha pasado nada. ¡Y aquí ha pasado mucho cadáver!". En el mismo número de Diario de Navarra, junto a una relación de los muertos identificados enterrados en el cementerio de Polloe desde el 19 de julio de 1936, según copia sacada de los registros del cementerio, se decía: "Como verán nuestros lectores por la precedente fúnebre lista, figuran en ella no pocos navarros y otros que sin serlo estaban vinculados a Navarra por lazos de parentesco y afecto. Los hay militares y paisanos, hombres dignos, caballerosos y honrados cuyo infame sacrificio pesará sobre [sic] una losa sobre las conciencias de los que llamándose católicos no los han evitado". Un comentario que apelaba a la venganza y al ojo por ojo.
En la misma línea, en el periódico falangista Arriba España del 27 de septiembre Álvaro Cruzat abogaba por la mano dura contra los guipuzcoanos en un artículo titulado Buscando la impunidad. En él se dice: "Lo que verdaderamente clama al cielo, es que en esa provincia [habla de Gipuzkoa] en que tan a las claras se ha demostrado su desafecto a España; en donde han sido fusilados unos centenares de hombres cuyo delito era amar a su patria; en donde se ha destruido y saqueado cuanto se ha tenido por conveniente; llegado el momento de hacer una ejemplar justicia, cosa que en otras provincias donde no ha habido esos excesos ya se ha hecho, estamos viendo, con verdadera sorpresa, cómo en San Sebastián y su provincia se les está concediendo un trato de excesiva contemplación".
Todos esos llamamientos no fueron en vano. Así, por ejemplo, según los datos aportados en la obra dirigida por Mikel Aizpuru, El otoño de 1936 en Gipuzkoa. Los fusilamientos de Hernani (Irún, Alberdania, 2007), de más de cuarenta fusilados en el cementerio de Hernani a las semanas siguientes a la redacción del informe mencionado consta su militancia y sus simpatías hacia partidos o sindicatos nacionalistas. Es presumible que muchos nacionalistas guipuzcoanos figuraran también entre los 130 asesinados en la cantera de Bera entre septiembre y noviembre y cuya identidad desconocemos. También hay que señalar que pocos días después de redactarse el informe más arriba comentado, el 28 de septiembre, fueron fusilados cerca del puente de Lesaka los tres vecinos de Ituren, todos ellos militantes del PNV, Pedro Gorostidi Imaz (exmiembro del Napar Buru Batzar), Miguel Hualde Gorosterratzu y Juan Bautista Iriarte Azpíroz. Al día siguiente sería fusilado en Tajonar quien había sido alcalde de Estella, el peneuvista Fortunato de Agirre.
Asimismo, como es sabido, la llamada al castigo del clero nacionalista de dicho informe fue prontamente ejecutada. Así, por ejemplo, en Hernani en octubre de 1936 serían fusilados los sacerdotes Antonio Bombín, Gervasio Albisu, Martin Lekuona, José Adarraga, Jose Ariztimuño (Aitzol), Alejandro Mendikute, José Otano, José Ignacio Peñagarikano y Celestino Onaindia; y en Oyarzun serían ejecutados José Joaquín Arin, Leonardo Guridi, José Marquiegui y Joaquín Iturricastillo.
Y es que, además de la represión desatada por los carlofalangistas navarros en su tierra, existe otra dimensión de la misma que suele caer en el olvido: las acciones de castigo y represalia emprendidas por aquellos contra los adversarios político-ideológicos fuera de Navarra.
Fernando Mikelarena, en DEIA
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