¿Por qué se ha ido endureciendo progresivamente el Código Penal del Estado español hasta convertirse en uno de los más duros de Europa? Esa es una de las preguntas a las que Lohitzune Zuloaga, socióloga experta en políticas de seguridad, intenta dar respuesta en su libro "El espejismo de la seguridad ciudadana: Claves de su presencia en la agenda política".
¿Hay necesidad de reformar del Código Penal?
-Desde un punto de vista criminológico y sociológico, no. El Estado español, junto con el resto de los países del sur de Europa, tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del continente y, durante esta crisis, contrariamente a lo que se había pensado, han bajado incluso más. Sin embargo, tenemos una de las cifras de encarcelamiento más altas. Nuestro Código Penal ya es particularmente duro y aún lo quieren endurecer más, cuando no hay ni una demanda social ni un problema objetivo, atendiendo a las tasas oficiales.
¿A qué se debe entonces la nueva reforma?
-Responde simple y llanamente a intereses partidistas. No fueron los medios de comunicación los que pulsaron el botón del pánico a principios del año 2000. Por aquel entonces la situación de delincuencia no era un problema objetivo y ni la opinión pública ni los medios mostraban especial preocupación. Pero en ese año el PSOE perdió las elecciones generales e, inspirado en la política de Tony Blair, tomó la seguridad ciudadana como piedra angular de su agenda política. Posteriormente, en el 2003, el PP se apropió del problema y se convirtió en el nuevo garante de la seguridad ciudadana. Hasta ahora ambos partidos han competido por mostrar quién era más duro contra la delincuencia y eso es lo único que explica la nueva reforma del Código Penal.
¿Se ha endurecido para todos por igual?
-En los últimos años todas las reformas penales han ido dirigidas en una misma dirección: a endurecer el terrorismo, la violencia sexual y la pequeña delincuencia. Con esta última me refiero a pequeños robos, hurtos, tráfico de drogas, etc. Pero otros delitos, como la corrupción, no han sido recogidos con el mismo peso. Después de todo, el Código Penal no es algo que venga de forma natural, sino que es creado por un grupo de personas, principalmente de sectores privilegiados, que deciden qué es delito y qué no lo es. El Código Penal tiene un sesgo muy identificable hacia los delitos que puede cometer una persona de clase social desfavorecida y no de clase alta. No es que los ricos no delincan, es que el tipo de delitos que cometen es diferente y no están tan penados.
¿Qué papel ha jugado la baza de la inmigración en todo esto?
-Ha servido de chivo expiatorio. En el año 2003, el por aquel entonces ministro de interior, Mariano Rajoy, utilizó discursivamente la inmigración para justificar que las tasas de criminalidad habían aumentado. Aumentaron ligeramente, sí, pero por una causa circunstancial, no porque los inmigrantes hubieran delinquido más. Hay muchísimos estudios que demuestran que la asociación entre inmigración y delincuencia es muy compleja y no algo tan sencillo como decir que mayor inmigración va a acarrear mayor delincuencia.
Se argumenta que hay un mayor número de detenidos extranjeros.
-De detenidos y de encarcelados, es cierto. Pero la explicación no es que ser inmigrante te haga más proclive a delinquir, sino que el tipo de delito que se persiguen en el Código Penal tienen mucho que ver con los que cometería el perfil del inmigrante. Estos tienen que ver con la pobreza, con la exclusión social y con la vulnerabilidad, entre otros. Culpar al inmigrante es una manera fácil de escurrir el bulto y de darle a la ciudadanía una explicación sencilla sobre la delincuencia que en absoluto se corresponde con la realidad.
Diario de Noticias
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