miércoles, 15 de noviembre de 2017

LO LLAMAN "CONFLICTO CATALÁN" Y NO LO ES

"Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo": célebre frase que se atribuye erróneamente al ilustrado francés, Voltaire, pero que en realidad es de su biógrafa, Evelyn Beatrice Hall y que define atemporalmente ese principio democrático básico que sigue siendo necesario reivindicar aún hoy en pleno siglo XXI y que a las autoras nos sirve de perfecta introducción al presente artículo. 
Mucho se ha hablado estos días de lo que diagnosticó Naomi Klein a través de su “Doctrina del shock” y que es necesario repetir para llegar a asimilar que, efectivamente, estamos siendo víctimas de ello. Klein demostró cómo circunstancias excepcionales -sea una catástrofe natural o, por ejemplo, el miedo infundido por la posesión de armas de destrucción masiva- que sucedan en un momento determinado ante una población desorientada, son elementos idóneos para que el poder se atreva a aplicar duras medidas económicas o políticas que, en otras circunstancias, no tendrían éxito. Por ejemplo, el huracán Katrina no sólo se llevó por delante a la ciudad de Nueva Orleans, sino que se aprovechó la gran catástrofe para implementar recortes de derechos básicos y políticas neoliberales, que en otros momentos no habrían sido posibles: sobre la destrucción, la creación de un sistema nuevo, el neoliberalismo más vergonzante. 
Es la aplicación de esta Doctrina del capitalismo más salvaje la que se comenzó a poner en práctica, aquí, durante la crisis financiera de 2006 -sin obviar que no fuimos las únicas víctimas de un cataclismo económico con consecuencias a gran escala. Gracias a la crisis y apelando a ella se arrasó con las condiciones de nuestro modelo económico y social previo basado en los principios del llamado "estado del bienestar", como concesión temporal a quienes históricamente habían conquistado los derechos más básicos. El capitalismo a ultranza acechaba el momento más oportuno para imponerse, de ahí que no sólo no nos hayamos recuperado de la crisis sino todo lo contrario, hemos sido despojados poco a poco de servicios públicos, que han sido traspasados a las empresas acechantes. Los recortes en educación y sanidad públicas han sido explicados, por ejemplo, desde criterios de necesidad, de escasez de fondos. Las empresas se habían arruinado, nos decían, por eso fue necesario bajar salarios y, sin embargo, los miles de millones de euros de ganancias, a costa de precarizar el trabajo, fueron aprovechados por algunos empresarios para realizar cuantiosas donaciones para la investigación de enfermedades sin que faltara una buena campaña de comunicación para encumbrarlos; un miserable proceso de privatización del derecho a la salud al que sólo se puede acceder a través del favor del millonario oportuno. 
Ante estas injustas políticas, la gente se echó a la calle, pues su organizada voz colectiva fue la única herramienta que quedaba para protestar. El 15 M fue una clara muestra de que la gente podría lograr grandes cambios desde el legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de manifestación. A este fenómeno social le siguieron numerosas y multitudinarias manifestaciones ciudadanas que se intentaron criminalizar por parte del poder a través de todos los medios posibles. Mediante la denominada “ley mordaza”, para impedir y obstaculizar derechos fundamentales a través de multas administrativas -forma discreta y dañina de disuadir- y la mordaza penal -reguero de procedimientos penales atentatorios contra la libertad de expresión-. El intento de reprimir derechos y libertades públicas obtuvo una amplia contestación social y una opinión pública mayoritariamente contraria a esta represión de derechos fundamentales. Muchos jueces tampoco estaban dispuestos a enjuiciar hechos no delictivos, como la concentración “Rodea el Congreso” o los escraches a los representantes políticos. No sucedió lo mismo con la Audiencia Nacional que pasó de enjuiciar a terroristas a investigar a tuiteros, titiriteros y artistas. 
En este contexto social, emergió “la cuestión catalana”: un conflicto político de grandísima envergadura que ha provocado un enorme shock como consecuencia del lamentable nivel político de nuestros gobernantes quienes, haciendo dejación de sus funciones se parapetaron tras los jueces, judicializando un problema político y, contribuyendo así, a criminalizar social y penalmente una opción política legítima. 
Ese preparado caldo de cultivo provocó las circunstancias idóneas para generar un estado de shock que acometiera una involución democrática sin precedentes desde la Transición. Hemos asistido a una devastación de los pilares básicos del Estado de derecho. Sin tapujos y sin disimulos porque, recordemos, es tras la destrucción de las estructuras preexistentes, cuando emerge sin pudor el talante de un estado con tendencia al autoritarismo que acecha el momento propicio para abordar medidas autoritarias, recentralizadoras, con ayuda de las fuerzas policiales y del Fiscal General. Sin olvidar el papel de la Audiencia Nacional. Todos estos elementos se pusieron a la labor de reprimir violentamente lo que se debió haber resuelto a través de los cauces oportunos existentes en una democracia, como el diálogo y el reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos. Sin embargo, el gobierno de Rajoy persiguió desde el principio las condiciones óptimas para una polarización social dinamitadora de la convivencia y propiciadora del "shock" que necesitaba. 
Con el revestimiento aparentemente judicial de la acción represiva, monitoreada desde el Gobierno, a través del reprobado Fiscal General del Estado, hemos asistido a una de las mayores cargas policiales de los últimos años en Europa: la jornada del 1 de octubre en Catalunya, con cerca de 1.000 personas que requirieron asistencia médica, contra una población que salió a votar en una consulta popular, previamente anulada. No hubo ningún detenido, lo que demuestra lo gratuita y desproporcionada que fue la carga policial. 
Hemos visto al Fiscal General del Estado anunciar detenciones a 400 alcaldes catalanes; también anunció que pediría la prisión provisional para quienes habían impulsado el Procés catalán desde el Parlament. Y por fin, presentó una querella contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament. Previamente, la Fiscalía había impulsado acciones penales contra dos activistas que organizaron las manifestaciones de los días 20 y 21 de septiembre, consiguiendo que ingresaran en prisión provisional. 
Ni los delitos de rebelión y sedición pueden calificar estos hechos, consistentes en ejercer el derecho de representación política y cumplir el programa político para el que fueron elegidos los ahora querellados ni debieran haberse considerado como sedición las movilizaciones de cerca de dos millones de personas, las mismas que eligieron libremente a su gobierno cuando concurrieron a las elecciones autonómicas allá por el 27 de octubre de 2017. 
Inquietante parece el hecho de que se incluya en la querella del fiscal que los escraches, las movilizaciones ciudadanas y la organización de la protesta social sean insurrecciones violentas para perseguir un objetivo político.  Muy alarmante que el Tribunal Supremo haya asumido todos y cada uno de los elementos de esta represión, reescribiendo, de paso, el significado de los derechos fundamentales en juego. 
Se equivocan cuando lo llaman "la cuestión catalana" y puede que fuera así antes, pero no ahora. Un Estado de Derecho debe garantizar la separación de poderes y los hechos demuestran una actuación judicial basada en interpretaciones de carácter político. Hace tan sólo unos años nadie habría creído posible que gran parte de un gobierno pudiera acabar en prisión en nuestro país. Un escándalo que, sin embargo, no sólo ha sido normalizado sino justificado. El estado de shock ha propiciado el proceso de involución democrática que nos ha llevado a situaciones tan lacerantes como que en un plató de televisión en prime time el público arranque a aplaudir al anunciar el envío a prisión de Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán, por una decisión parlamentaria y adoptada en el ejercicio de su cargo. Eso hace unos años no habría sido posible. Sin embargo, a pesar de las grandes manifestaciones pidiendo la libertad de los presos políticos, sigue siendo una gran mayoría del Estado la que justifica y aplaude medidas que creíamos relegadas a las crónicas de otros tiempos. 
Es muy impactante la forma en la que las sociedades de forma mayoritaria pueden normalizar e incluso banalizar la corrupción, la precariedad, la desigualdad, las carencias de participación democrática y la represión. Pero, además de Naomi Klein, sobre este proceso social de "banalización del mal" ya nos alertó décadas atrás otra mujer, Hannah Arendt, para explicar el proceso de aceptación de la barbarie nazi en toda una sociedad culta y adelantada, como lo era la alemana. Tal vez por lo extremo del caso sea más sencillo aplicarlo a cualquier proceso social de pérdida de derechos y valores, en los que la sumisión y aceptación de las situaciones conducen al peligro de la banalización del mal, que ya se está dando en otros países de Europa a través de un ascenso inusitado de la extrema derecha que ha llegado a ocupar este fin de semana masivamente las calles de Varsovia. 
El terreno pues, se ha vuelto fértil para que germinen las peores actitudes y talantes que acechaban a la espera del momento oportuno. Mientras la mayor parte de la sociedad acepta de buen grado esta inusitada represión. Pero que nadie se lleve a engaño: cuando la represión se activa ya no hay quién la gradúe. La represión tiene, además, carácter expansivo: ni se detendrá en el territorio catalán ni se limitará a la cuestión soberanista. O lo enfrentamos como lo que es, una involución democrática que puede plasmarse en los próximos meses en una nueva reforma reaccionaria de la Constitución o sufriremos en nuestras propias carnes ser las próximas víctimas de esta escalada represiva. Y entonces, quizás, ya no quede nadie para salvarnos.

Isabel Elbal y Esther López Barceló, en eldiario.es

martes, 14 de noviembre de 2017

LOS ABOGADOS DEL CASO ALTSASU DENUNCIAN EN MADRID LA INDEFENSIÓN QUE SUFREN SUS DEFENDIDOS

Los abogados de la defensa en el caso de Altsasu han comparecido este martes en Madrid y han denunciado que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha denegado la mayor parte de las pruebas solicitadas por las defensas. Remarcan la indefensión que sufren los acusados desde el inicio del proceso.
Las defensas han hecho público que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por auto de 27 de octubre de 2017, ha denegado, para su práctica en el acto del juicio oral que se celebrará en los proximos meses, "la mayor parte de las pruebas solicitadas por las defensas" de los jóvenes de Alsasua, acusados por delitos de "lesiones y amenazas terroristas".
El referido auto admite la practica totalidad de las pruebas testificales, periciales y documentales interesadas por el Ministerio Fiscal y el resto de las acusaciones personadas. Sin embargo, "inadmite pruebas imprescindibles, pertinentes y necesarias para la defensa de los jóvenes acusados, para los que se solicita una pena total de 375 afios de privación de libertad, sumiéndoles en la más absoluta indefensión, al vetarles la posibilidad de ejercer su derecho a un juicio justo y con todas las garantías, subrayan los abogados.
En noviembre de 2016 la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional (AN), Carmen Lamela, ordenó el ingreso en prisión incondicional y sin fianza por un delito de terrorismo para siete de los detenidos, aunque posteriormente, en diciembre, cuatro de ellos quedaron en libertad.
Permanecen en prisión A.R.A, O. A. y J. U. por unos hechos que, según los letrados, "si algo no son, es terrorismo", y que han calificado como "bronca de bar" o "bronca de feria", a pesar de lo cual sus clientes se enfrentan a entre 12 y 60 años de prisión (la mayoría a 50).
"La calificación jurídica de los hechos (terrorismo), la desproporcionalidad de las penas privativas de libertad interesadas por las acusaciones y la precipitada conclusión del sumario por el Juzgado Central de lnstrucción número 3 de la Audiencia Nacional, denegando también todas las diligencias de investigación interesadas por las defensas, son un ejemplo mas de la situación de indefensión que sufrieron los acusados desde que se inició el procedimiento, y seguirán padeciendo en el juicio oral", han indicado.
En este escenario, la Seccion Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional "está vetando el ejercicio del derecho de defensa y a un juicio con todas las garantias" que ampara la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La acusación del Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones se basa "en una hipotética vinculacion del movimiento denominado Alde Hemendik (Fuera de Aquí) con reivindicaciones de ETA cuyo origen se remontaría a 1976. año en el que ninguno de los acusados habia nacido". Esa campaña tendria como epicentro de su reivindicacion el rechazo a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policia) y las Fuerzas Armadas en la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco. Las acusaciones, sirviéndose de un "informe de inteligencia" de la propia Guardia Civil, trasladan esta supuesta vinculación a un conflicto ocurrido en un bar de Alsasua sobre las 5 de la madrugada del día 15 de octubre de 2016, día de ferias, y califican los hechos "como delitos de terrorismo" al ostentar dos de los denunciantes la condición de agentes de dicho cuerpo.
"A las defensas se les está impidiendo contradecir esa vinculación", lamentan. "Se ha denegado" la declaración de testigos pertenecientes a diferentes movimientos de los que, a lo largo del tiempo, han venido propugnando la salida de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado del Pais Vasco o de Navarra.
"Se han ignorado diferentes resoluciones absolutorias dictadas por distintos tribunales", en las que —después de juzgar a personas que han sostenido reivindicaciones semejantes o han convocado actos como el OSPA EGUNA— se han enmarcado esos actos en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, impidiendo a las defensas su aportación al proceso. También se ha impedido la práctica de un informe pericial histórico que permitiría explicar el origen real de ALDE HEMENDIK, su nacimiento y evolución ajenos a ETA.
Por todo ello los letrados han formulado una protesta por escrito ante la AN, que según han explicado es lo único que pueden hacer por el momento, aunque prevén solicitar que se admitan todas esas pruebas denegadas el día que comience el juicio, algo que no es habitual pero que se permite en la práctica en algunas ocasiones, han precisado.
En cuanto a cómo se encuentran los tres jóvenes que siguen encarcelados, los letrados han explicado que "están bien tratados" aunque se encuentran en régimen FIES (internos de especial seguimiento), que supone unas "duras condiciones" y además están a casi 500 kilómetros de sus familiares.
"Siguen en prisión provisional sin que haya ningún riesgo, porque ya se pusieron a disposición del juzgado de Pamplona, voluntariamente, para prestar declaración o cualquier diligencia, y cuando uno no fue detenido se personó voluntariamente en dos ocasiones en los juzgados de la AN", ha sostenido la abogada Jaione Carrera, que como el resto ha dicho no entender por qué algunos siguen en prisión cuando se trata de los mismos delitos.

Agencias

lunes, 13 de noviembre de 2017

LA CORRIENTE RECENTRALIZADORA APUNTA YA AL RÉGIMEN FORAL

“La crisis catalana dispara a Ciudadanos en el CIS”, titulares de un destacado medio madrileño para ilustrar el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que daba al partido de Albert Rivera un aumento de tres puntos. El proceso independentista catalán no solo ha agitado las aguas en Catalunya, también en el resto del Estado, donde ha despertado una pasión nacionalista que solo se había dejado ver en los grandes eventos deportivos. Enseñas y proclamas patrióticas que van más allá del momento coyuntural, y que son la respuesta de una visión del Estado más jacobino y centralizado que empieza a dudar del sistema autonómico de 1978.
La crisis económica también ha mostrado las costuras de una organización administrativa que pronto cumplirá 40 años con un consenso generalizado de la necesidad de una reforma. De momento, PP y PSOE ya han pactado poner en marcha una comisión permanente en el Congreso que revise el modelo territorial. Sin embargo, la dirección en la que apuntan unos y otros protagonistas es en muchos aspectos opuesta. Y aunque el objetivo, al menos público, es dar una salida al problema catalán, a nadie se le escapa que el resultado final del debate afectará al propio modelo de Estado.
También al régimen foral, que una vez más vuelve a estar en el punto de mira de quieres ven las excepciones de Navarra y la CAV como una anomalía. El problema para los territorios forales es que la corriente recentralizadora llega esta vez con más fuerza que nunca. A PP y PSOE les ha salido un nuevo competidor en su visión jacobina del Estado, que sin vinculación histórica con el 78 ni responsabilidades institucionales habla abiertamente de una uniformización del modelo territorial.
Con 32 escaños y la simpatía de buena parte de la prensa madrileña, Ciudadanos cuenta con altavoces para hacer llegar un mensaje que siempre ha tenido buen predicamento en una parte importante de la sociedad española, que hasta ahora se había mantenido contenida dentro de los dos grandes partidos, siempre cómodos en el status quo. Salvo las habituales declaraciones de algunos dirigentes regionales, tanto PP como PSOE han venido respetando hasta ahora la excepción fiscal.
Pero el conflicto catalán ha dado alas a Ciudadanos, que esta semana ha vuelto a poner el foco sobre la autonomía económica de la CAV y Navarra. “El cupo lo pagan las comunidades del régimen común, que llevan tres años esperando que se renueve el sistema de financiación autonómica y ven cómo se acuerda a oscuras y a puerta cerrada”, denunciaba en el Congreso su portavoz, Juan Carlos Girauta, consciente de la rentabilidad electoral del discurso antiautonomista. A él se ha abrazado ya sin complejos Ciudadanos para remontar en las encuestas gracias a que el debate político gira casi en exclusiva en torno al modelo territorial. Un camino en el que empieza a arrastrar al PP, que temeroso de una fuga de votos agita también la bandera centralista.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL A la espera del escenario que dejen en Catalunya las elecciones del 21-D, el debate constitucional se abrirá con más fuerza en la próxima primera. Lo hará con las mayorías actuales en Madrid, lo que en principio parece blindar el régimen foral, que cuenta con el apoyo en el Congreso de PP, PSOE y Podemos. “Suprimir el Convenio Económico no es una prioridad porque ahora no tenemos mayoría”, apuntó el propio Rivera en su última visita a Pamplona.
Ha pasado casi un año desde entonces, y Ciudadanos ha vuelto a ver el filón. Quizá no tanto como para proponer directamente la supresión del Convenio navarro y del Concierto vasco, pero sí como para poner sobre la mesa un agravio con fuerza suficiente como para arrastrar a PP y PSOE. De la nación de naciones que planteó Pedro Sánchez tras su victoria en las primarias poco más se ha sabido, y en el PP ya hay quien habla abiertamente de recuperar competencias para el Estado. “No se si estamos en el momento de ampliar competencias o de que el Gobierno central recupere políticas públicas esenciales”, apunta el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Con la crisis como excusa, el Estado ya ha limitado estos últimos años el margen de inversión pública de Navarra, y ha condicionado aspectos clave como la gestión del personal público o la posibilidad de generar nuevos tributos. Y ahora se plantea también la revisión de algunas competencias como Educación, que con el argumento de un supuesto “adoctrinamiento” nacionalista se pretende fiscalizar en el futuro desde Madrid. Una iniciativa rechazada recientemente en el Congreso, curiosamente, con el apoyo de UPN.
Es el escenario en el que Navarra encara un debate que llega tras varios años de progresivo deterioro del autogobierno, y en el que presumiblemente volverá a salir la Transitoria Cuarta como espantajo habitual. Una salvedad constitucional que deja en manos de los ciudadanos navarros la posible vinculación con Euskadi, pero cuya supresión centrará la atención por encima de otras cuestiones mucho más importantes en el día a día. Sobre todo el Convenio Económico, que corre el peligro en convertirse el gancho electoral con el que seducir a la creciente visión centralista del Estado. Y que pese a las buenas palabras del ministro Cristóbal Montoro, sigue pendiente de un acuerdo con Madrid. Toca navegar, y viene marejada.

Ibai Fernández, en Diario de Noticias

SUJETOS ACTIVOS Y PASIVOS

El artículo 155 CE tiene sujetos activos y pasivos. Hay partidos que han activado la “coacción federal” con las medidas ya conocidas y hay partidos que está soportando las consecuencias de la aplicación de tales medidas. Tanto los primeros como los segundos van a competir en el proceso electoral abierto por el Presidente del Gobierno a través de la activación del artículo 155 CE, que culminará el próximo 21D.
La pregunta se impone: ¿van a participar los sujetos activos y pasivos en dicho proceso electoral en condiciones de igualdad?; ¿van a ejercer el mismo derecho de sufragio activo y, sobre todo, pasivo los candidatos de los sujetos activos que los de los sujetos pasivos?; más todavía, ¿van a ejercer el mismo derecho de sufragio los ciudadanos que opten por los candidatos de los sujetos activos que por los que opten por los candidatos de los sujetos pasivos? Porque todo lo que afecta al derecho de sufragio pasivo de los representantes afecta también al derecho de sufragio activo de los ciudadanos que los eligieron. Un derecho de sufragio pasivo amenazado es una amenaza para el derecho de sufragio activo de los potenciales votantes.
Esto es lo que significa la querella registrada por el fiscal general del Estado al día siguiente de que el presidente del Gobierno destituyera al Govern y disolviera el Parlament contra los miembros del primero ante la Audiencia Nacional y contra los miembros de la mesa del segundo ante el Tribunal Supremo.
Ambas querellas han sido admitidas a trámite y en ambas se ha iniciado la instrucción, si bien con la adopción de medidas cautelares distintas, como el lector sin duda ya sabe. 
Tanto la AN como el TS han dado por buena la calificación que ha hecho el fiscal general de la conducta de los querellados. A todos se les acusa del delito de rebelión. En esto no hay diferencia entre la AN y el TS. Hay diferencia en las medidas cautelares, pero no en lo sustantivo. Tan acusados de rebelión estos los miembros del Govern como los de la mesa del Parlament.
El TS no ha desescalado nada. Ha aligerado momentáneamente la presión, que no es irrelevante. Pero no es decisivo. Los miembros de la mesa del Parlament no están en prisión, pero políticamente no están en libertad. Buena prueba de ello es que Carme Forcadell no pudo asistir el sábado a la enorme concentración que se produjo en Barcelona para reclamar la libertad de los presidentes de ANC y Òmnium. La expresidenta de ANC y del Parlament está en libertad, pero, por indicación de su abogado, no puede acudir al acto político más importante de la semana, acto que  materialmente se inscribe en la campaña electoral, aunque esta, formalmente, no se abra hasta el 5 de diciembre. 
En estas condiciones en el mejor de los casos, es decir, si los miembros del Goven que están en prisión dejan de estarlo, van a tener que actuar durante todo el proceso y hacer la campaña electoral los candidatos de los sujetos pasivos de la “coacción federal”. Con una amenaza de que, según lo que digan o lo que hagan, pueden volver a prisión y, sobre todo, con la amenaza de un proceso por rebelión, que puede conllevar hasta treinta años de condena.
El pasado sábado eldiario.es publicaba un escrito de 100 profesores de Derecho Penal de las distintas Universidades españolas, en el que se decía y argumentaba que la conducta de los miembros del Govern y de la mesa del Parlament no era constitutiva del delito de rebelión o de sedición. Que podía ser constitutiva de otros delitos, que debían ser investigados, pero que, en ningún caso, podía ser calificada como rebelde o sediciosa. Esta ha sido opinión unánime en toda la doctrina jurídica. No solo la penal, sino la procesal o la constitucional.
Contra esta opinión unánime es contra la que se ha alzado el Fiscal General del Estado, la AN y el TS. Si los protagonistas de la conducta no son nacionalistas catalanes, no hay delito de rebelión o sedición. Pero si son nacionalistas catalanes, entonces si lo hay. Porque basta con salir a la calle y decir aquí estamos, para que se entienda que estamos ante una amenaza portadora de violencia. Eso es lo que dice el auto del Magistrado del TS. No lo dice así, obviamente, pero es lo que dice.
Que nadie se llame a engaño. Estamos asistiendo a la primera fase de una operación de esterilización del nacionalismo catalán. La convocatoria electoral del 21D es, para el Gobierno, la primera medida de esterilización. De ahí que sus agentes electorales no sean los militantes del PP, de los que casi no se sabe nada, sino el fiscal general del Estado y, a través de él,  la AN y el TS. Es a ellos a los que se confía la tarea no tanto de la movilización del electorado propio, como la de disuasión  de la parte menos firme del electorado ajeno. 
Una vez que se tengan los resultados electorales y se haya comprobado la eficacia de la medida, se verán cuales se tienen que tomar a continuación. De momento las querellas están vivas y sobre ellas el Fiscal General dispone de una margen de actuación por el momento más que notable. 
Quiere decirse, pues, que el 21D los ciudadanos de Catalunya van a ejercer el derecho de sufragio en condiciones desiguales. La distancia entre el ejercicio del derecho por los candidatos y los votantes de los sujetos activos del artículo 155 CE y el ejercicio por los candidatos y votantes de, los sujetos pasivos, es enorme. La amenaza de que sea todavía mayor a partir del 22D no solo no puede descartarse, sino que puede anticiparse como más que probable. 
¿De verdad alguien piensa que de esta manera se va a conseguir la integración razonablemente satisfactoria de Catalunya en el Estado? 

Javier Pérez Royo, en eldiario.es

domingo, 12 de noviembre de 2017

SÍ, TODAVÍA FRANQUISMO

Nada demuestra más  la persistencia del franquismo sociológico que un editorial de El País diciendo que no existe el fascismo sociológico.
Vuelve a la carga El País a hacerle el trabajo al pasado. Dice que Franco ha muerto y que recuperar los parecidos hoy con el pasado es un delirio. No me extraña que les haya hecho gracia repetir las palabras de Arias Navarro en 1975.  Es el diario del régimen del 78. Para bien y para mal. Y por eso da hoy tanto bochorno. Solían guardar mejor las formas. No en vano, Fraga fue fundador de ese periódico y la crítica al franquismo siempre tuvo límites. Algo tiene que ver que su estela siempre ha sido la de los vencedoresde la guerra. Incluidas sus incorporaciones al consejo editorial. Felipe González no movió un dedo para que los 200.000 fusilados por Franco tuvieran una sepultura digna.
Explicamos en la ciencia política (y politólogos como Ignacio Torreblanca, que también está en el consejo editorial del diario debiera saberlo) que el presente no puede explicarse sin la “dependencia de la trayectoria” (path dependence). Querer dejar de mirar en el pasado es una oferta de mentirosos que quieren hurtar claves para enteder los acontecimientos. El ascenso de la extrema derecha en Alemania regresó a los medios el pasado nazi y la entrada en el Parlamento de Allianz für Deutchsland llenó los periódicos de recordatorios de 1933. Lo mismo en Italia con los neofascistas de Fuerza Nueva o del Movimiento Social o en Grecia con Amanecer Dorado. Pero en España, dice El país, hablar de Franco es de enemigos de la patria. De su patria, claro. Tampoco le gusta al grupo PRISA que se hable de Cebrián y los papeles de Panamá. Han echado a periodistas de sus tertulias por hacerlo. Siempre han dictado de qué se podía hablar y de qué no.
Nadie en su sano juicio va a decir que la España actual es como la España de Franco. Estaría bueno. Tampoco se dice que la Alemania de Merkel sea nazi, pero si crece la extrema derecha, se mira al pasado y la reflexión es: algo hemos hecho mal cuando estos criminales no se han ido definitivamente. En España es más evidente, porque cada mañana hay 114.000 desaparecidos, asesinados por Franco -ese que ha muerto- que siguen gritando a nuestra democracia que quieren una sepultura digna para que sus familiares sepan qué fue de ellos y dónde están. Pero ni el PSOE ni el PP ni Ciudadanos tienen el más mínimo interés por recuperar esos cadáveres. Sinvergüenzas de esos partidos, como Pablo Casado o Rafael Hernando, dicen que eso son batallitas del abuelo o una búsqueda de negocio de las víctimas. No como las asociaciones de víctimas del PP, que destacan por su altruismo. A Rivera le molesta que hablemos del pasado, porque su partido cada día huele más a falangismo.
Cuando vemos amenazada la democracia, tenemos que mirar a nuestro pasado por dos cosas: primero, porque mirar a lo que ya pasó nos ayuda a entender lo que está pasando y nos da pistas para interpretar el presente; en segundo lugar,  porque cuando se amenaza la convivencia democrática, es bastante fácil que lo que ocurra se parezca a cosas que ya nos ocurrieron. Se trata de no desperdiciar la experiencia, como dice Boaventura de Sousa Santos. Si detienen a unos titiriteros, a unos raperos o a unos políticos, debemos saber que en España hemos encarcelado en otros tiempos a los que hacían teatro contra el régimen, a los que cantaban al viento y a la libertad y hemos levantado cárceles solo para meter a los enemigos del franquismo. Y también podríamos recordar que, como advirtió el mismo Pablo Casado que podía volver a ocurrir, hemos fusilado a gente que luchaba por el reconocimiento de Catalunya como una nación (dentro de la República española) y que lo hicieron sin violencia. Lo que pasa es que los parecidos con el pasado escuecen porque quitan mucha legitimidad a nuestra democracia. Eso es lo que les molesta a los de El país.
En esos encarcelamientos siempre contó el franquismo con un poder judicial comprometido con el régimen del 18 de julio. Los mismos jueces del franquismo pasaron a ser jueces de la democracia, y aunque el poder judicial es evidente que se ha democratizado, una parte sigue rehén de su pasado. Pero lo realmente grave es  la costumbre de la política de inmiscuirse en los asuntos judiciales. Esa no la hemos perdido. Le recuerdo a El País que el Parlamento ha reprobado el Ministro de Justicia y al Fiscal General del Estado. Y que ni han dimitido ni han sido cesados. Y que políticos corruptos quieren a determinados jueces, y que dicen si no habría que pegarle dos tiros a los jueces desobedientes (¿alguien  se imagina que dieran libertad provisional a alguien vinculado a Podemos que dijera que había que pegarle dos tiros a un juez, como ha hecho con Ignacio González?). Eso se llama franquismo sociológico.
El franquismo siguió la estela canovista de inventarse una España falsa que vendría de los visigodos y sancionaron los Reyes Católicos. Es tan falsa esa historia que no les basta para hacerla real con la propaganda. Siempre la han completado con fusilamientos. No en vano, tanto Cánovas como Franco como la Constitución de 1978 le entrega al ejército, negro sobre blanco, la defensa de la “unidad territorial de España”.  Y por eso, desde la Restauración canovista, toda esta historia llena de mentiras viene con Rey -jefe de las fuerzas armadas- , incluida la etapa franquista porque con Franco, ese muerto, también éramos un Reino. ¿Por qué no quiere El país que nos acordemos de estas cosas? Tenemos una herida territorial que solamente vamos a cerrarla cuando los catalanes puedan decidir formar parte -o no- de una España federal que zanje esa discusión que nos lleva enredando siglos. Cuanto más tardemos, más catalanes habrá que no quieran estar con nosotros. A los golpes se construye poco cariño.
Teenemos también una herida social, que arrastramos desde el pistolerismo de la patronal a comienzos del siglo XX, y una herida ciudadana, con una esfera pública débil, arrastrada por nuestra condición de país de la Inquisición al que nunca le interesó construir otra cosa que catolicismo integral y obediencia política a la monarquía. Hasta la invasión francesa de 1808 no empezamos a pensarnos como nación española. O entendemos esto, o no vamos a entender nunca a España.
Se entiendo mejor la policía política creada por el PP si pensamos en lo que aún permanece del franquismo. Se entiende mejor el “a por ellos” que algunos españoles cantaban a la policía que iba a Catalunya pidiéndoles que reprimieran con dureza a otros españoles. Se entiende mejor por qué alguién golpea a otro en la cabeza con la bandera española o por qué te dan una paliza si no gritas a la orden de unos energúmenos ¡Viva España! Se entiende mejor que Rajoy siga siendo Presidente pese a sus sobresueldos o sus sms a detenidos si entendemos que aún pesa el franquismo sociológico y que los medios hacen mal su trabajo cuando hay periodistas corruptos protagonizando programas y tertulias, que haya políticos que enseñan facturas falsas en sus ruedas de prensa o por qué volvemos, tan pronto, a invitar a maltratadores a la televisión como si fueran estrellas . Franquismo sociológico. Entenderíamos mejor nuestras “puertas giratorias” si supiéramos de las familias del poder que llevan mandando desde el siglo pasado (podríamos citar a los Botín, accionistas por cierto de El país). Y entenderíamos mejor los ataques furibundos de El país a Podemos si entendiéramos que nuestra democracia tiene débiles mimbres porque nunca hemos discutido la actual Constitución en un país donde hay 23 millones de españoles que ya no es que no la discutiéramos -que nadie lo hizo- sino que ni siquiera la votamos.
Siga El País con su deriva. Que nosotros seguiremos recordando lo que aún pesa del franquismo en España -y en Catalunya- para que esa gente, que lleva los mismos apellidos que los que mandaron durante el franquismo, no vuelvan a robarnos la democracia.

Juan Carlos Monedero, en Público

¿ES POSIBLE UNA NUEVA LEY FORAL DEL EUSKERA?

El Parlamento de Navarra aprobó el día 27 de noviembre durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad, entre otras, una propuesta de resolución con el compromiso de constituir una comisión especial para que en el plazo de seis meses se proceda a elaborar una propuesta para una nueva Ley Foral del Euskera, con unos principios inspiradores concretos, como son el cumplimiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía navarra, la superación de la zonificación lingüística, la oficialización del euskera en toda Navarra, partiendo de las diferentes realidades sociolingüísticas del territorio y adecuándose a ellas, y la voluntad de abordar este proceso de manera participativa, contando con las aportaciones de las entidades locales interesadas, los agentes sociales y los sindicales.
La propuesta se aprobó con 24 votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu, la abstención de I-E y los votos en contra de UPN, PSN y PPN.
Esta decisión, que abre la puerta a un debate social y político necesario, tiene dos principios de gran calado: el cumplimiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, sea ésta castellanohablante o vascohablante, y la toma en consideración de las diferentes realidades sociolingüísticas que se dan en Navarra, adecuándose a ella.
La propuesta salió adelante por la ausencia en la sesión de un parlamentario de UPN, lo que ha originado cierto debate entre los partidarios de mantener la actual ley que, en nuestra opinión, no garantiza los derechos lingüísticos y una zonificación que delimita esos derechos. El malestar que ha despertado en las filas más reaccionarias esta ausencia no augura un debate constructivo.
Frente a posturas extremas, partidarias del monolingüismo castellano o euskaldun, en Geroa Bai abogamos por el plurilingüismo inclusivo que incluya castellano, euskera, inglés, francés… Todo ello sin perder el referente que debería estar en el centro del debate: el reconocimiento de derechos lingüísticos de toda la ciudadanía. No se debe equiparar la posición que considera insuficientes los avances que posibiliten aumentar la presencia del euskera en la sociedad, en la administración y en la enseñanza con la que considera que cualquier avance en este sentido es excesivo y hasta peligroso. Porque la primera está en la línea de fomentar el euskera y la segunda en la de impedir su desarrollo.
Que el desarrollo normativo atienda a la realidad sociolingüística y que las políticas lingüísticas deban aplicarse teniendo en cuenta esa zonificación es una cosa, y otra muy diferente que el reconocimiento de derechos pueda estar condicionado por ser considerado excesivo o peligroso. Si se reconocen los derechos de toda la ciudadanía no puede limitarse su ejercicio más allá de que la realidad condicione su aplicación o la forma en que deba ser atendido el derecho.
La Ley Foral del Euskera está superada por la realidad. La ley contiene aspectos positivos como el de reconocer el derecho de toda la ciudadanía a conocer y usar el euskera. Pero tiene dos grandes carencias: la oficialidad del euskera está limitada a una zona y la zonificación no se ha aplicado desde la perspectiva de fomento sino desde un criterio restrictivo. Y tanto la propia ley como la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias permiten una lectura más abierta que, por desgracia, no suele ser la que realizan los jueces o la que han aplicado los responsables políticos.
El debate sobre la oficialidad no es nuevo. En el proceso llevado a cabo para aprobar la Lorafna, el 3 de noviembre de 1980 el Pleno del Parlamento de Navarra aprobó por mayoría que el euskera y el castellano fueran lenguas oficiales en toda Navarra. Pero la Comisión Negociadora, integrada por una mayoría conservadora, modificó este acuerdo parlamentario dándole la redacción que definitivamente se aprobó estableciéndose así la oficialidad con base en la zonificación.
Partidos que durante el debate de la Ley Foral del Euskera en 1986 argumentaban que el “proyecto de ley sirviera para acercar a la minoría vascoparlante y a la mayoría navarra castellanoparlante” o que “posibilite en el futuro que si los navarros así lo desean y lo eligen, los ciudadanos navarros sean todos bilingües y se comuniquen en la lengua navarra que quieran”, y votaron a favor de la ley, hoy reniegan de sus planteamientos de entonces.
La oposición tiene ahora la ocasión de demostrar que lo de la realidad sociolingüística va más allá de un estribillo recurrente y que está dispuesta e entrar en el fondo de la cuestión porque la aplicación de medidas acordes con las diferentes realidades sociolingüísticas no es equiparable con una zonificación inamovible que recorta derechos a la ciudadanía navarra. Una zonificación construida sobre muros infranqueables nada tiene que ver con derechos y sí con imposición, porque los derechos no se pueden zonificar.
Finalizamos trayendo aquí la propuesta con que Miguel Izu realiza en la parte final de su artículo Política lingüística, el cambio necesario publicado en DIARIO DE NOTICIAS el día 5 de noviembre: “cooficialidad de lenguas en todo el territorio y zonificación de las políticas lingüísticas, no zonificación versus cooficialidad en todo el territorio, debería ser un nuevo paradigma a debatir. Si realmente queremos debatir”. Por nuestra parte, solo cabe añadir que tenemos disposición total al debate y estamos abiertos a llegar a acuerdos.

Virginia Alemán, Koldo Martínez (parlamentaria y portavoz parlamentario) y Jabi Arakama, miembros de Geroa Bai

ESPAÑA HA ENTRADO EN UNA DERIVA TENEBROSA

Creo que España vive una de las mayores crisis de su historia. Han confluido los lastres del momento mundial con los peores genuinamente patrios dibujando un retrato desolador. Algunos arrancan desde los confines del tiempo para llegar a esta instante preciso de explosión. La noticia, aún peor, es que no es el final, por este camino queda mucho dolor por sufrir, mucho deterioro por experimentar. Una crisis que tiene culpables, incluso entre las víctimas. Muchos deberían mirarse en el espejo a ver si se reconocen y reaccionan.
La involución que ha sobrevenido a este país con la excusa de la crisis catalana debería hacer sonar los timbres de todas las alarmas. Tanto como el retrato deplorable de una parte de la sociedad, irracional y vengativa, que ha emergido. La factura va a ser impagable. Si son de los que prefieren el Viva España que no reconoce como himno ni la propia hija del cantante que la popularizó, pueden seguir tomando el soma. ¿Qué es el soma? Lean. “Un mundo feliz” de Aldous Huxley les será muy instructivo. Mejor aún -más corto y da menos trabajo-, las amargas reflexiones del ex simpatizante nazi Martin Niemöller, autor del famoso “ Cuando vinieron a por mí”. Ya han venido, y vendrán a por más, a por los soplagaitas también.

Porque el problema español es la deficiente educación, no la erudita –que también- sino la que enseña a discernir y actuar en valores. Y la que no engulle, a diferencia de aquí, fallos estructurales como la corrupción. Si hay unos cuantos millones de personas, en la calle y en los partidos, a quienes les gusta retozar en el fango, sepan que eso no ayuda a ningún crecimiento. Y que son responsables del daño que infieren a otros conciudadanos con principios éticos más exigentes y del golpe desestabilizador que dan a la democracia.
“ Un atentado al Estado de Derecho”, la “corrupción en estado puro"  del PP que aflora en la Gürtel. Así de claro lo acaba de decir en el Congreso Manuel Marocho, inspector jefe de la UDEF, la unidad de investigación de la misma policía a la que aplauden muchos cuando apalea a ciudadanos por orden del gobierno. Marocho afirmó además que sufren presiones y que Rajoy y la plana mayor del PP cobraron sobres en negro. Dinero que se retrae de los derechos de los ciudadanos. Los medios “concertados” con el PP no publicaron nada  de esta noticia en las portadas como una nueva página en la historia de la manipulación. Y RTVE, la televisión pública estatal, lo censuró de su minutado. 
Esta política de los medios contrasta con la de gran parte de sus viñetistas que muestran el sentido crítico del que el periodismo está careciendo. De ahí que varios hayan sido despedidos de los diarios en los que trabajan. Un manifiesto con la firma de cien ilustradores denuncia el  #HumorAmenazado 
¿Y los partidos que sostienen a un PP en minoría para que gobierne como lo está haciendo? ¿Y lo que supone de caldo de cultivopara múltiples arbitrariedades? El PSOE,  Ciudadanos, nacionalistas varios, ¿Qué explica el apoyo? No cuela ya ninguna excusa o evasión. No, en personas que piensan. El maquiavélico “fin que justifica los medios” se dejó bajo la silla muchos principios. Sepan para quién trabajan y el país que forman.
Tenemos a numerosos dirigentes catalanes en la cárcel. No hagan caso a The Times que los llama “ Los prisioneros de Rajoy” en un editorial, no;  sigan haciendo caso a los voceros del bloque que son los más entusiastas en considerarlo muy justo y respetuoso con la ley.  O a sus tripas que les piden ensañamiento. Y sobre todo, pasen horas en la disquisición semántica de si son presos políticos o políticos presos. Recuerden que a estos ya los han trincado -con las justificaciones que sea-, y que van por más. Y denle un par de vueltas a la idea. 
España no es Turquía, dicen. Pues camina hacia a ella a pasos agigantados. Con presos políticos, políticos presos, por su actuación política. Y sigan desgranando la madeja. ¿A qué viene la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del reprobado ministro Montoro? ¿Porque su gestión es mejor y les deja en evidencia? Llevan tres años incumpliendo el déficit.  El Samur y los colegios infantiles, les molestan.  En particular la gestión del gasto (o inversión) en los ciudadanos. Los gráficos claman. Y los detalles. Usar medidas coercitivas y autoritarias como batalla política es sucio. Quien lo apoya, se pringa.
Se está judicializando la política hasta terrenos abusivos. Plantean querellas desde el Fiscal General reprobado hasta sindicatos policiales hacia compañeros de profesión como el cesado Mayor Trapero de los Mossos o la alcaldesa de Barcelona a quien acusan de “desobediencia”. No hay querella alguna hacia los participantes en la guerra sucia de "Las cloacas del Estado". Hay que volver a preguntarse quién manda aquí y cómo siguen tragando los socios del PP también el paquete de altos cargos que ellos mismos reprobaron.
Llaman a comparecer ante el juez hasta unos jubilados – dice al menos la noticia de prensa- que se sintieron injuriados por ser calificados de "nazis" –sigue diciendo la noticia de prensa- durante una manifestación ultra que cercó la Asamblea de Unidos Podemos en Zaragoza el 24 de Septiembre. Concentración que impidió a los reunidos, más de 400 cargos públicos, salir del recinto durante horas y en la que fue agredida la presidenta de la Asamblea de Aragón. Impunemente. La investigación de los hechos se encuentra en " un limbo legal" que puede acabar en nada y que contrasta con la celeridad otorgada a los denunciantes ofendidos por la calificación de "nazis". Vean en este vídeo el talante de los congregados y sus gritos pidiendo la ejecución de los acosados.  
El caso es que se ha citado –dice la noticia de prensa de El Periódico de Aragón, difundido por gran número de sus colegas- a Alberto Garzón y a Pablo Echenique. A otras personas y también a Javier de Lucas, Catedrático de Filosofía del Derecho y de Filosofía Política de la Universidad de Valencia, y a mí,  según la nota de prensa sin que nadie lo haya confirmado con nosotros . Ni Javier De Lucas ni yo estuvimos en esa asamblea, ni en esa ciudad, ni hicimos otra cosa que manifestar en Twitter la opinión que nos merecía ese cerco. Como otros miles de personas. Como Garzón y Echenique con todo el derecho. Si se va a penalizar la opinión –ya se está haciendo en algún caso- pasamos a otra dimensión. Y si se trata de amedrentar, también.
Ni Javier de Lucas ni yo hemos recibido la citación que afirma la prensa hemos recibido. No sabemos si sus fuentes les han anticipado un proyecto antes que a los interesados o se ha repensado la inaudita admisión a trámite o ni siquiera existe. Y aún he de añadir algo más. Mi profesión no es haber sido transitoriamente, durante apenas un mes, “candidata número de 2 por Zaragoza por Unidos Podemos”. Como independiente, que nunca explicitan. Mi profesión es el periodismo que vengo ejerciendo desde hace casi medio siglo con algunos resultados a constatar. Nunca ser “candidata” es una profesión o el título de por vida y menos cuando ni salí elegida. Algo que no lamento, por un balance de variables, aunque no reniego de aquella experiencia. Ni soy ni fui militante de Podemos ni de ningún partido y no he participado en actividad política alguna desde entonces. No así otros informadores que actúan de claros voceros de algunas formaciones. La ley del embudo siempre es injusta.
Pero parémonos un poco ¿La querella o lo que sea es por tuits o retuits? Ahí tenemos a toda una presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, llamando fascistas a 5 millones de personas. Fascistas, facción Fake Winston Churchill en una cita falsa que se le atribuye. Para ella no rigen las denuncias. Ni siquiera las de corrupción que anegan al partido que preside en Madrid. Cifuentes, eso sí, demuestra su incapacidad para un trabajo en favor de una ciudadanía a la que, según su ideología, desprecia e insulta.
Lo que sí está clara es la guerra emprendida por quienes detentan el poder, tantas veces con trampas –el dinero B es una trampa-  y sus soportes en otros estamentos para mantener sus abusivos privilegios. Se llega a la conclusión del profundo deterioro de la política, el periodismo “concertado” con el poder (en definición ultranatura de nuestra profesión), una parte de la justicia y un sector decisivo de la propia sociedad.
Y a otra más personal a la que, a pesar de múltiples avatares, no había llegado a aproximarme tanto: Es inútil informar a los que no quieren oír, ni ver, ni saber.  Quien no se haya enterado de lo que ocurre, ha tenido tiempo sobrado de hacerlo. Serán ellos quienes deberán explicar a sus familias, a sus vecinos, al resto de sus conciudadanos, por qué nos han traído y mantienen en este lodazal. Sepan las víctimas inocentes a quien se lo deben. Las culpas están perfectamente definidas. España ha entrado en una deriva tenebrosa, que no acaba aquí.
Péguense entre ustedes y recojan sus despojos. La vida es demasiado importante y corta para malgastarla en batallas inútiles, e inútil es ocuparse de la gente tóxica. De la vida, forma parte hacer lo que creemos en conciencia. Informar también, a pesar de todo.

Rosa María Artal, en eldiario.es

viernes, 10 de noviembre de 2017

¿DÓNDE ESTÁN LOS RESTOS DE CIU?

Hace cinco años, la última vez que CiU se presentó a unas elecciones, ganó la contienda con 50 escaños. Y fue un mal resultado. Un lustro más tarde, las encuestas dan una quincena de diputados al PDeCAT, principal formación heredera de la federación que durante tres décadas dirigió los designios de Catalunya.
¿Qué ha pasado por el camino? Implosiones y escisiones han atomizado el espacio del centro derecha nacionalista hasta hacerlo irreconocible, en un contexto en el que procés soberanista y la crisis económica han hecho bascular la centralidad política catalana hacia la izquierda. Ni Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), fundada por Jordi Pujol en 1974, ni Unió Democràtica de Catalunya (UDC), creada en 1931 por Manuel Carrasco i Formiguera –demócrata cristiano fusilado por el franquismo– existen ya, pero son la raíz de un amplio árbol genealógico que va bastante más allá del partido del actual president, Carles Puigdemont.
En su huida de los casos de corrupción, el antiguo partido de Pujol, reconvertido ahora en Partit Demòcrata Europeu de Catalunya, ha ido perdiendo compañeros de viaje. Es el caso de Germà Gordó, miembro de la última hornada de dirigentes del partido, que impulsa desde hace meses un partido de nombre inequívoco: Nova Convergència. Exconsejero de Justicia con Artur Mas e imputado por el TSJC en el caso del 3%, Gordó quedó apartado del grupo parlamentario de Junts pel Sí hace algunos meses, pero ideológicamente apenas presenta matices respecto a las líneas generales del PDeCAT. El 27 de octubre votó a favor de la Declaración de la independencia y no está previsto que presente candidatura propia el 21D.
Sí hay más discrepancias, sin embargo, con el partido Lliures, impulsado por antiguos dirigentes de CDC como el exconseller Antoni Fernández Teixidó. La escisión «liberal» agrupa a militantes molestos tanto con la vía soberanista como con los pactos con ERC en materia económica, que han revertido algunas medidas neoliberales impulsadas por el primer gobierno de Mas (2010-2012). La convocatoria del 21D impuesta por Madrid les ha pillado a contrapié, y todavía están intentando lograr recursos y cuadros humanos para presentarse, por lo que su presencia en las elecciones es una incógnita. En tal caso, Roger Montañola, exdiputado promesa de Unió, podría ser el candidato.
Las cosas están más claras en el espacio de la antigua UDC, después de que ayer la ejecutiva del PSC aprobase la alianza con Units per Avançar, el partido sucesor de Unió. Su líder, Ramón Espadaler, ocupará el tercer puesto en la lista de Miquel Iceta. Un canto al camaleonismo político por parte de ambos.
Tras romper con CDC y sufrir la escisión de la mitad de su militancia –que fundó Demòcrates y ahora se presentará junto a ERC–, en pocos meses Unió se quedó sin representación en Barcelona y Madrid, y con una deuda de 22,5 millones de euros. Sus responsables decidieron disolver 85 años de partido y fundar Units per Avançar. Por el camino dejó la política Josep Antoni Duran i Lleida, que el jueves bendijo el pacto Espadaler-Iceta y que la semana pasada estrenó retiro dorado en la patronal española, CEOE. Por los servicios prestados.
Claro que Unió siempre fue vista en Catalunya más como una agencia de colocación que como un partido político con espectativas de futuro. Otro ejemplo, ya para acabar, es el del actual delegado del Gobierno español –o virrey– en Catalunya, Enric Millo, antiguo militante de Unió y nueva muestra de travestismo político no apto para estómagos débiles. Abandonó el partido despechado porque no le dieron asiento en el Parlament, por lo que se ofreció a ERC a cambio de un escaño –así lo reveló el entonces líder republicano Joan Puigcercós–. Tras su negativa, acabó recalando en el PP. Hasta hoy.

Beñat Zaldua, en GARA

ELECCIONES DEFINITIVAMENTE VICIADAS

La disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 21 de diciembre se convirtió en el tránsito de la aprobación del 155 CE por el Senado por la mañana y el mensaje por televisión del presidente del Gobierno por la tarde en el “núcleo esencial” de la operación de intervención de la autonomía de Catalunya. La finalidad de la aplicación del artículo 155 CE no era la de suspender el ejercicio del derecho a la autonomía, sino la de devolver la palabra a los ciudadanos de Catalunya. Dado que el President Puigdemont se había negado a hacerlo, no había quedado más remedio que cesarlo. No había otra manera de convocar elecciones.
Este es el relato con el que se ha justificado el recurso al 155 CE. La Comunidad Autónoma de Catalunya no ha sido propiamente intervenida, sino que durante cincuenta y cinco días se está dirigiendo la Administración catalana por una persona designada por el Presidente del Gobierno, a fin de que opere con normalidad mientras se desarrolla el proceso electoral. Se garantiza que la gestión no se detenga, para que exista la normalidad mínima a fin de que se pueda ejercer el derecho de sufragio.  Todo sigue igual, con la excepción de que es el Presidente del Gobierno de la Nación y no el President el que ha puesto en marcha el proceso electoral.
El relato hubiera tenido credibilidad si el presidente del Gobierno hubiera ordenado al Fiscal General del Estado que se abstuviera de intervenir durante el proceso electoral y que se respetara lo que ha sido una costumbre en el pasado de que, convocadas elecciones, la actividad judicial se dejaba en suspenso durante el proceso electoral. Pero ha ocurrido todo lo contrario. El 155 CE ha desencadenado un activismo fiscal y judicial frenético, que no solamente está marcando el proceso electoral cuando casi todavía no ha empezado, sino que ha viciado de manera definitiva el ejercicio del derecho de sufragio previsto para el 21D.
Obviamente si en el día de ayer el Tribunal Supremo hubiera adoptado respecto de Carme Forcadell y los demás miembros de la Mesa del Parlament la misma medida cautelar que adoptó la Audiencia Nacional respecto de los miembros del Govern, la situación sería todavía peor. Hasta es posible que no se pudieran siquiera celebrar las elecciones. Esto, probablemente, es lo que ha llevado al juez instructor del Tribunal Supremo a no actuar exactamente igual a como lo hizo la Jueza de la Audiencia Nacional. Pero el hecho de que la expresidenta del Parlament ingresara en prisión aunque por poco tiempo por orden de un juez del Tribunal Supremo, algo que solo había ocurrido anteriormente con los miembros de la Mesa de Herri Batasuna, es un mensaje que lo dice todo.
El Gobierno de la Nación ha decidido no intervenir la Administración de Catalunya pero sí intervenir el proceso electoral mediante la Fiscalía y, a través de ella, de los Tribunales, que están actuando como agentes electorales del PP y de Ciudadanos. El énfasis que se está poniendo en la violencia como elemento definitorio del “procés”, argumentado en la querella del Fiscal General, pero también en el auto del Magistrado del Tribunal Supremo contra toda la evidencia empírica de que disponemos, es un regalo para estas formaciones políticas, que son avaladas como las únicas portadoras de la convivencia pacífica en Catalunya.
Esa estrategia está empezando a surtir efecto. Hay un desconcierto perceptible no solo en el nacionalismo catalán, que es el que está siendo directamente golpeado, sino que también es perceptible en el socialismo y en el espacio de Podemos. La agresión fiscal y judicial ha abierto grietas en todas las opciones políticas menos en las dos inequívocamente no españolas, sino españolistas.
Ya veremos qué pasa de aquí al 21D, porque la situación evoluciona a tal velocidad y con giros tan extraños, que es difícil hacer predicciones. Puede ocurrir que lo que se considera que es una estrategia ganadora, no acabe siéndolo.
Pero lo que es seguro es que la campaña está envenenada.  Cuando el poder judicial entra en un debate político, ya no es posible continuar debatiendo. La devaluación del voto ciudadano es la consecuencia inevitable. 
Tal como se va a desarrollar la campaña electoral, me temo que las elecciones no contribuyan en lo más mínimo a plantear en términos razonables la integración de Catalunya en el Estado.

Javier Pérez Royo, en eldiario.es

AL SEÑOR LUIS ZARRALUQUI ORTIGOSA

Estimado colega y compañero: leí el viernes pasado en Diario de Noticias, la intervención que tuviste en el Pleno del Parlamento de Navarra, el 4 de este mes.
Esta se centraba, al menos lo que yo leí, en el Plan de Carreteras de Navarra y finalizaste la misma diciendo que “centrar todo el esfuerzo inversor de obra nueva en una sola obra es un error porque en toda Navarra hay múltiples obras pequeñas que beneficiarían a un conjunto mayor de población y a pequeñas empresas”.  Valorabas que la asignación a la variante de Tafalla “obedecía a ciertas presiones de personas que apoyan al Gobierno de Navarra”.  Hasta aquí tú cita. Desconozco si esa afirmación estuvo acompañada de datos más ajustados en cuanto número de personas afectadas, empresas, lugares de esas obras, etc., para poder realizar una comparación que demostrase que lo que decías era cierto.
Me llamó profundamente la atención que una persona como tú que reúnes muchas características para hablar de este tema: eres arquitecto superior, con conocimiento profundo del campo del urbanismo, el desarrollo de suelos, la urbanización, planes de negocio inmobiliario, dirección de proyectos de edificación, promoción de viviendas tanto libres como protegidas, has participado en la gestión y desarrollo de proyectos urbanos de gran envergadura en Navarra  Mendillorri, Sarriguren, Ripagaiña) y has sido miembro de los Consejos de  Administración de diferentes sociedades públicas y privadas, hasta aquí lo que he encontrado en tu perfil en internet, hicieras de este modo tan grosero, de grueso, esa afirmación. 
Desde luego vaya por delante que ese perfil que tienes en internet, supera ampliamente el mío, pero lo que yo si poseo es un conocimiento y vivencia directa de la situación e historia de la red viaria de Tafalla.
Nací en Tafalla, hace 68 años y como tú soy arquitecto nº 611 del COAVN,  formada en la ETSAN de Pamplona, desde el año 76. He vivido donde nací y allí he trabajado hasta el día de hoy. Este lugar se encuentra al borde del Camino Real, Errege bidea, o Errepidea, la actual N-121. 
Tafalla como muy bien sabrás se encuentra atravesada por este antiguo Camino Real de Norte a Sur y por las vías que a nivel Este-Oeste unen toda la Zona Media de Navarra desde la zona de Sangüesa hacia Tierra Estella. Bueno pues Tafalla que se asentaba en el SE de la colina de Sta. Lucía, tenía como su límite  hasta la Edad Media el famoso Camino Real. Pero cuando Tafalla empieza a saltar al otro lado del mismo, aquello empieza a variar. Los edificios del S XVII, 1673, levantados en el borde Sur de Tafalla pusieron un límite físico a este Camino Real. Estoy hablando del Arco de Recoletas que une los dos edificios situados a ambos lados del CR.
Por otra parte la salida del Casco Antiguo de Tafalla por su lado Sur debe salvar el paso por encima de la carretera que nos une con Estella, dada la diferencia de cota existente. Y aquí aparece el segundo arco el de la Cuatropea.
Hasta aquí a grandes rasgos la historia de la red vial de Tafalla que hasta los años 50 del siglo pasado, soportaba el servicio demandado en nuestra ciudad y alrededores.
Pues bien a día de hoy seguimos en Tafalla con las mismas dimensiones de 1673, en pleno S XXI y así han ocurridos los desastres, muertes y demás tragedias que ha soportado Tafalla, la ultima en el año 87 siendo Arquitecto Municipal nuestro colega Enrique Maya, puedes preguntarle detalles de lo que te comento. 
Como conocerás bien, las travesías que cruzan Tafalla son competencia del Gobierno de Navarra y desde aquí, el Ayuntamiento, no puede intervenir en ellas salvo para llamar la atención sobre esta situación. Como Experto Urbanista te podrás hacer idea de la calidad de la vida urbana de Tafalla soportando estas travesías. Pero no todo va a ser malas noticias, el 14 de Marzo de 2011 se aprueba el PSIS de la variante de Tafalla. Se estudiaron 14 posibilidades y se respondieron a las alegaciones presentadas varias de ellas por la entonces Alcaldesa de Tafalla Cristina Sota. Los proyectos ya están aprobados la Fase 1 el 15/03/13 y la Fase 2 el 29/04/14 es decir hace más de tres años pero hasta ahora seguíamos igual.
También en Octubre del 2010 se aprobó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Tafalla, PMUS. En este estudio aparecen datos sobre el tráfico de vehículos pesados internos, externos sus orígenes y destinos. Este estudio también fijaba un escenario a largo plazo, para el 2018, en el que se redujeran los consumos energéticos un 50% y lo mismo las emisiones de CO2, 50%, con relación al año 2010. ¿Qué te parece el resultado actual? Si miras en un vistazo dimensiones de la travesía creo que te asustarás de los lugares por donde tenemos que atravesar los peatones.
Lo que me sorprende de esta exposición tuya en el Pleno del Parlamento de Navarra es que teniendo tu cualificación como Arquitecto Experto Urbanista y habiendo sido Director General de Ordenación del Territorio y Vivienda en el Gobierno de Navarra hasta 2003, luego volviste al sector privado hasta el 2011 en que te has vuelto a incorporar a tu plaza de funcionario del Servicio de Vivienda, no hayas leído algo en tu ordenador para conocer estos datos que están expuestos al público desde el propio Gobierno de Navarra.
Pues bien ahora que parece que la situación de Tafalla podrá ser menos peligrosa para todos los habitantes de esta ciudad y que por fin podremos salir a la calle sin miedo a que perdamos la vida en ello, ¿te extraña que desde Tafalla pidamos que se ejecuten los proyectos aprobados por el anterior Gobierno de Navarra? por cierto perteneciente a tu propio partido. ¿Para que los hizo y aprobó?
De todos modos como colega y compañera cuenta conmigo para que cuando quieras o puedas te acompañe a dar una vuelta por esta ciudad y veas la situación de la que te hablo, por ti mismo.
Hasta cuando quieras, recibe un saludo

Amaia Jaurrieta Osés, en Diario de Noticias

EL GOBIERNO FORAL VA A SUAVIZAR DOS CURVAS DE LOS ALTOS DE PERALTA

El Gobierno de Navarra va a adecentar y suavizar en las próximas semanas dos de las múltiples curvas que hay en la NA-624, concretamente en lo que se conoce como Altos de Peralta, una vía que ha sido motivo de queja en los últimos años debido al mal estado y peligrosidad de la calzada.
Aunque la obra “es mínima” y no acaba con el problema, el Ayuntamiento de Peralta aprobó por unanimidad en el último pleno la cesión del terreno necesario para que Obras Públicas lleve a cabo la actuación y mejore, en la medida de lo posible, un tramo de esta vía.
Tanto los plazos de ejecución como la cuantía de la obra, que saldrá de la partida de Conservación de Carreteras, aún no se conocen puesto que está todo en manos del Ejecutivo foral y será dicha Administración la que se encargue de todo el proyecto.
En la zona la noticia ha sido recibida con alegría a pesar de que no da solución a los 13 kilómetros que piden arreglar. Sin embargo, y tal y como apuntaba el alcalde peraltés Juan Carlos Castillo, “está claro que algo es menos que nada, pero nuestra demanda sigue siendo una actuación integral en la carretera, una obra que solucione el problema del todo. Es cierto que en los Altos de Peralta es donde más peligro, congestión y curvas hay, pero existe riesgo en toda la vía”.
De hecho, recordaba, el arreglo de esta carretera, con un presupuesto de unos 7 millones de euros, estaba previsto dentro del III Plan Director de Carreteras de Navarra 2009-2016 pero por motivos económicos nunca llegó a efecto.

MOVILIZACIONES Además, y ante la creciente preocupación vecinal y los continuos accidentes, los alcaldes de Andosilla, Azagra, Falces, Funes, Marcilla, San Adrián y Peralta se movilizaron en su día y se reunieron con el Gobierno de Navarra para tratar de buscar una solución. Al mismo tiempo, y por iniciativa de un particular, se recogieron cerca de 2.000 firmas a través de Internet pidiendo su arreglo.
Se trata de una carretera que además de enlazar Peralta con Andosilla sirve de conexión entre Peralta y San Adrián, dos de las localidades de la zona con más industria.
De hecho, por esta carretera hay más de 3.000 desplazamientos diarios (una de las más concurridas de la Comunidad Foral) de los que el 10% son vehículos pesados, datos que el Ejecutivo conoce y que reconoce como válidos.
“Los carriles son estrechos, de apenas tres metros de anchura, algo que obliga a los camiones que se van a cruzar a pararse o a invadir el carril contrario. El asfalto tiene unos cantos en los laterales de la plataforma de un grosor superior a los doce centímetros de altura y la cantidad de baches debido a los parcheos es alarmante. Todo ello sumado a la inexplicable cantidad de curvas que hay”, alegaban recientemente los vecinos de la zona al respecto.

Diario de Noticias

miércoles, 8 de noviembre de 2017

LA JUEZA LAMELA INTENTÓ CONVENCER A BÉLGICA DE QUE EL GOVERN ERA CORRUPTO PARA CONSEGUIR SU EXTRADICIÓN EXPRÉS

La jueza Lamela intentó convencer a Bélgica de que Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas son corruptos. La magistrada de la Audiencia Nacional se jugó a esa carta el razonamiento fundamental de las órdenes europeas de detención, con las que pretendía la extradición efectiva y exprés de los cinco políticos catalanes.  
Este trámite entre países de la Unión Europea se resuelve de manera inmediata si los delitos por los que se reclama detenciones figuran en una lista con más de 30 categorías. En ninguna de ellas figuran la rebelión o la sedición. Así que Lamela no dudó en marcar con una equis otra casilla en el formulario: "corrupción". 
En el relato enviado a Bruselas pidiendo las detenciones, Lamela habla de cinco delitos de los que acusa al Govern cesado (prevaricación, desobediencia, rebelión, sedición y malversación de caudales públicos). Sin embargo, en sus autos de prisión, la misma magistrada solo cita tres delitos (rebelión, sedición y malversación). Entre la orden de cárcel y la petición a Bruselas, los delitos de Puigdemont y su equipo han crecido de manera inexplicable. 
El detallado listado que la jueza ha remitido a Bélgica contrasta con lo escrito por la propia Carmen Lamela en el auto en el que admitía la querella presentada por la Fiscalía General del Estado. En aquel auto, Lamela advertía de que el delito de rebelión "absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación". 
Además de la profusión en el listado de delitos que Lamela presenta ante Bélgica es destacable el orden que la magistrada le da a los mismos. La prevaricación es el tipo delictivo elegido por la jueza de la Audiencia Nacional para encabezar la lista enviada en la orden de detención y entrega.
Según ese escrito "el Govern con sus proclamas y su conducta de sistemática desobediencia al Tribunal Constitucional fue alentando un movimiento de insurrección activa entre la población frente a la autoridad legítima de las instituciones del Estado con el fin de conseguir su objetivo secesionista, sabedor de que, por su ilegalidad, el referéndum solo podría celebrarse por la fuerza coactiva de la muchedumbre movilizada a estos efectos". 

Estrategia fallida
El formulario de una euroorden permite a quien la redacta explicar los hechos por los que pide la detención y traslado de un ciudadano. Se trata de un documento que incluye un importante apartado final: un listado que los países solicitantes deben cubrir simplemente marcando con una equis en las casillas adecuadas a los delitos por los que persigue a las personas reclamadas. Ese listado (pactado entre los miembros de la Unión Europea) no incluye ningún tipo delictivo relacionado con los hechos vinculados al proceso secesionista. Lejos de dejar en blanco esa lista de casillas, Lamela marcó con una equis el delito de corrupción. 
Si Bélgica hubiera estimado la comisión de ese delito por parte de Puigdemont y sus consellers, la entrega hubiera sido inmediata. Muy al contrario, la justicia belga ha decidido estudiar en profundidad las acusaciones generales de la jueza española, desechando la posibilidad de impulsar un trámite automático. Dicho de otro modo, las calificaciones del Govern de Puigdemont como un grupo de corruptos no han sido tomadas en consideración por la justicia de la capital comunitaria. 

eldiario.es

lunes, 6 de noviembre de 2017

POLÍTICA LINGÜÍSTICA, EL CAMBIO NECESARIO

En Navarra padecemos, desde hace décadas, un debate sobre política lingüística tan viciado como frustrante, presidido por una permanente desconfianza sobre los propósitos que esconde cualquier posicionamiento o propuesta al respecto y polarizado en torno a dos posturas extremas. Unos desearían ver al castellano como única lengua nacional, oficial y común, otros al euskera como única lengua nacional, oficial y común, y viven la presencia de la otra lengua como una imposición y su desarrollo como una amenaza. Sí, sé que la inmensa mayoría de la sociedad navarra no comparte esos posicionamientos extremos, nadie admite defenderlos y acepta la convivencia de lenguas, el plurilingüismo y la cooficialidad. Pero, por desgracia, las posiciones extremas siempre están de algún modo presentes para enturbiar el debate, sembrarlo de cizaña, hacer muy difícil el diálogo e imposibles los consensos, aunque solo sea al ser presentadas por sus contrarios como una amenaza real. En general consiguen con sus discursos que la mayoría recele y se coloque en una de estas posiciones, la que considera que cualquier avance en la presencia del euskera en la sociedad, en la Administración, en la enseñanza, es insuficiente, y la que considera que cualquier avance en esos campos es excesivo y peligroso.
Esta situación explica lo complicado que resulta modificar nuestra normativa lingüística, manifiestamente mejorable porque una buena parte de ella, además de obsoleta, es incoherente. Tenemos normas dictadas en tres niveles institucionales: internacional (Carta Europea de Lenguas Minoritarias o Regionales), estatal (Constitución, leyes y reglamentos estatales) y foral (Ley Foral del Euskera, LFE, y reglamentos de desarrollo). Cada uno de ellos parte de criterios, no solo contrapuestos, sino contradictorios. La Carta Europea prescinde de la oficialidad o no oficialidad de las lenguas y solo atiende a la existencia de un cierto número de hablantes de una lengua minoritaria en un determinado entorno que requieren protección (el francés o el alemán también son lenguas minoritarias, depende dónde), incluso fuera del territorio donde se ha hablado tradicionalmente esa lengua. La legislación estatal contempla únicamente la existencia de lenguas cooficiales en determinadas comunidades autónomas (no contempla más de dos lenguas cooficiales, como sucede en Cataluña, o lenguas solo cooficiales en una parte de la comunidad, como sucede en Navarra). La legislación foral parte de una cooficialidad reducida a una parte de su territorio, delimitado legalmente sin atender a ningún criterio expreso, y a un status impreciso en el resto del territorio, abierto a la pura discrecionalidad, por no decir arbitrariedad, de los poderes públicos. Este panorama ocasiona que cualquier medida de política lingüística pueda ser defendida alegando algún precepto jurídico extraído convenientemente del arsenal normativo existente, pero también una situación de inseguridad jurídica en la que cualquier medida pueda ser cuestionada por algún órgano judicial.
La adecuación del régimen lingüístico establecido entre 1982 (Amejoramiento) y 1986 (LFE) a las necesidades presentes y al contexto normativo actual se ha visto impedida por el citado clima de desconfianza y hostilidad. Unos encastillados en que cualquier reforma es peligrosa porque nos acerca a Euskadi, otros en que cualquier reforma es insuficiente porque el punto de partida (cooficialidad limitada por la zonificación lingüística) es ilegítimo y rechazable. Últimamente se ha abierto la posibilidad de reformas parciales de la LFE porque hay una mayoría suficiente para aprobarlas. Sucedió con la Ley Foral 4/2015, de 24 de febrero, que permite la extensión del modelo D en la zona no vascófona, y con la Ley Foral 9/2017, de 27 de junio, que integra más municipios a la zona mixta y cambia la denominación anterior de Ley Foral del Vascuence por Ley Foral del Euskera. Pero no podemos decir que el debate se haya normalizado sino que sigue viciado. La zonificación de la LFE se hizo sin criterios objetivos (algunos municipios de la zona vascófona tenían menos porcentaje de vascoparlantes que otros de la zona mixta, y algunos de la zona mixta menos que otros de la zona no vascoparlante), basada solo en una mayoría parlamentaria coyuntural. Quienes han defendido la LFE y su legitimidad fundamentada en su aprobación por mayoría ahora deslegitiman cualquier modificación por mayoría, o su desarrollo reglamentario por el Gobierno, atribuyéndole diabólicos propósitos apenas encubiertos de acabar con Navarra. Pero algunos que han criticado esas mayorías para encastillarse en el rechazo de la zonificación ahora apelan a otras mayorías igualmente coyunturales (en el Parlamento o en los plenos municipales) para mover las líneas de las zonas. Poco hemos avanzado en un cambio que nos lleve a buscar consensos basados en criterios razonables, objetivos, que nos hagan superar las dinámicas de confrontación continua. Consensos que requerirían tener la mente abierta y no aferrarse a determinados mantras que se entonan apenas se inicia el debate y que contribuyen a sofocarlo. Creo que difícilmente llegaremos a un debate sereno y objetivo sobre política lingüística si unos y otros no están dispuestos a reconsiderar ciertos postulados.
En particular, creo que debieran revisarse posturas como la de suponer que la cooficialidad de una lengua implica imposición de su conocimiento y uso, idea que parte de una errónea interpretación de la Constitución, su redacción también es mejorable, cuando dice sobre la lengua castellana que “todos los españoles tienen el deber de conocerla”. Mi sobrino Pablo, con doble nacionalidad española y australiana, no habla castellano y nadie le puede obligar a ello, y lo mismo sucede con otros españoles que vivan dentro o fuera de España; en cambio, extranjeros que viven en España en edad de escolarización obligatoria sí tienen que aprender el castellano. Ya ha explicado el Tribunal Constitucional que, en realidad, no hay una obligación individual de conocer el castellano que pueda exigirse coactivamente, sino una mera presunción legal sobre su conocimiento. Reconocer el euskera como lengua cooficial en toda Navarra no supondría, como temen algunos o desean otros, obligar a su conocimiento a todos los navarros, sino reconocer el derecho de los ciudadanos a usarlo en sus relaciones con los poderes públicos. Tampoco debiera suponer aplicar la misma política lingüística en toda Navarra, al contrario, sería conveniente modularla en función de la realidad sociolingüística, que es muy distinta en unas y otras zonas de Navarra. En Navarra se viene entendiendo que la zonificación es consecuencia de la cooficialidad solo en parte del territorio, pero cabe perfectamente la cooficialidad en todo el territorio y la zonificación para modular sus efectos. A este respecto, una modificación del Amejoramiento del Fuero para declarar la cooficialidad en toda Navarra sería conveniente que se acompañara de la previsión de distinguir entre zonas de uso habitual del euskera y zonas de uso habitual del castellano, similar a la distinción que contiene el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de zonas de predominio del valenciano y de predominio del castellano. Cataluña tiene tres lenguas igualmente cooficiales, catalán, castellano y aranés, pero los efectos de la declaración de cooficialidad del aranés no son iguales en el valle de Arán que en el resto de Cataluña, aunque no se diga expresamente, también hay una zonificación lingüística.
Cooficialidad de lenguas en todo el territorio y zonificación de las políticas lingüísticas, no zonificación versus cooficialidad en todo el territorio, debiera ser un nuevo paradigma a debatir. Si realmente queremos debate.

Miguel Izu, en Diario de Noticias

domingo, 5 de noviembre de 2017

¿QUÉ HA PROPICIADO LA VICTORIA DEL CHAVISMO EN LAS REGIONALES DE VENEZUELA?

Los principales periódicos, canales de televisión y funcionarios del gobierno de Estados Unidos llevan dos años afirmando que el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), fundado por el fallecido Hugo Chávez, se ha convertido en un partido marginal, apoyado solo por los empleados públicos y los chavistas más duros. El gobierno estadounidense, bajo las presidencias de Obama y Trump, ha respaldado las actuaciones de las bandas de manifestantes violentos que han arrasado las calles, considerándolas “representantes democráticos” de la voluntad de los votantes. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, un veterano perro faldero de Washington, despotricó contra el presidente Nicolás Maduro, calificándole de dictador y reclamando abiertamente que el pueblo venezolano y los gobiernos vecinos se unieran para destituirlo, incluso mediante la violencia. El presidente Trump impuso sanciones económicas brutales para estrangular la economía y aseguró el apoyo de Washington a la oposición de derechas, la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
La MUD aprovechó la crisis económica a la que se enfrenta el país por la caída pronunciada de precios de su principal producto de exportación, el petróleo, para dedicarse durante tres años a atacar al gobierno y a movilizar a sus simpatizantes a través de la violencia callejera y a realizar maniobras parlamentarias con el fin de paralizar el programa socioeconómico del gobierno. Servicios públicos vitales, como las centrales eléctricas, han sido objeto de sabotaje por parte de la MUD, llegando incluso al asesinato de empleados públicos como policías y bomberos.
Por otro lado, la Mesa de la Unidad Democrática rechazó la propuesta de negociaciones de paz formulada por el gobierno. El presidente Maduro solicitó entablar un diálogo con Estados Unidos, patrocinador de la MUD, pero el presidente Trump le contestó con sus habituales bravatas y amenazas de intervención violenta.
El bloqueo económico y la caída de los precios del petróleo tuvieron consecuencias desastrosas, provocando una inflación de tres dígitos en el país. Se incrementó la escasez de alimentos, que produjo largas colas y quejas razonables de los consumidores. Como resultado, la coalición opositora ganó las elecciones legislativas al Congreso de 2015 e inmediatamente intentó la destitución del presidente Maduro. En lugar de utilizar su mandato electoral para gobernar y abordar los problemas del país, se concentró en provocar un “cambio de régimen”. Esta monomanía provocó la insatisfacción del electorado con la MUD y el PSUV ganó las elecciones regionales de octubre de 2017 con un amplio margen, contradiciendo las esperanzas, predicciones, amenazas y sanciones de Washington,.
La oposición sufrió una derrota decisiva. Más de mil observadores internacionales independientes supervisaron las elecciones y los procedimientos de votación y declararon que fueron la libre y válida expresión de la voluntad ciudadana. A pesar de esto, la oposición rechazó los resultados de inmediato. Como era de prever, toda la prensa de EE.UU. y la UE enfocó a Caracas y denunció el “fraude”, reproduciendo las furibundas declaraciones de los políticos derechistas de EE.UU., la OEA y Europa. No vieron la necesidad de argumentar sus afirmaciones con “pruebas”.
Lo cierto es que la mesa opositora sufrió una rotunda derrota, consiguiendo apenas el 39 por ciento de los votos y solo 5 de 23 gobiernos regionales. El PSUV, por su parte, incrementó su electorado del 44 por ciento de 2015 al 54 por ciento en octubre de 2017.
La verdadera incógnita, que nadie parece preguntarse, es cómo pudo el PSUV derrotar a la oposición, dado el enorme apoyo externo de esta y dada la crisis económica que atraviesa el país. ¿Por qué la oposición perdió 2,7 millones de votos en dos años, después de su tan cacareada victoria parlamentaria? ¿Cómo pudieron Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea no darse cuenta de esta tendencia y desperdiciar su dinero y su credibilidad?
Diez razones para el triunfo socialista y la derrota de la derecha
Para comprender las razones del triunfo socialista debemos analizar las fortalezas y debilidades de la Mesa para la Unidad Democrática.

1. El PSUV mantiene su núcleo leal y comprometido, a pesar de las penalidades que soportan las masas de Venezuela, gracias a los programas socioeconómicos a largo plazo y gran escala acometidos por los socialistas, que han mejorado el bienestar de los ciudadanos a lo largo de los últimos quince años.
2. Gran parte del electorado de renta baja temía que, una vez en el poder, la extrema derecha de la MUD diera marcha atrás a los avances sociales y restaurara la dominación de las élites que prevalecía en la época anterior a Chávez, con su correspondiente represión y marginación como clase.
3. Muchos votantes de centro-derecha de la MUD quedaron consternados por el respaldo a la violencia y el sabotaje de la coalición opositora, que produjo la destrucción de edificios públicos y negocios privados y paralizó el transporte público. Estas personas decidieron abstenerse o votar por el PSUV, como “partido de ley y orden”.
4. Muchos votantes independientes votaron al PSUV por considerarlo el mejor defensor de la soberanía venezolana. Estaban horrorizados por el respaldo de la coalición opositora (MUD) a las sanciones económicas y el bloqueo impuestos por Washington y por la amenaza brutal de intervención del presidente Trump para “forzar un cambio de régimen”.
5. Probablemente el factor más decisivo que explica el giro a la izquierda de muchos antiguos votantes de los partidos de la MUD sea la incapacidad mostrada por la oposición para ofrecer una alternativa positiva. Aparte de promover la violencia y desmantelar los programas sociales chavistas, la MUD carecía de programas concretos para abordar la actual crisis económica. Para los votantes de la MUD, era evidente que la insistencia constante en los “fallos” del PSUV no ofrecía salidas viables a la crisis.
6. La MUD no podía utilizar su mayoría electoral en el Congreso para obtener ayuda económica del extranjero que les permitiera proporcionar servicios sociales, o estructurar tratos comerciales o deuda. Washington estaba dispuesto a subsidiar la campaña de cambio violento de régimen pero no a apoyar ninguna propuesta de los congresistas de la oposición para las escuelas o el sistema de salud de Venezuela. La MUD estaba atrapada en un ciclo de auto-perpetuación, repitiendo lo que la gente ya sabía, pero sin propuestas serias para abordar los problemas cotidianos de esas personas.
7. La Mesa por la Unidad Democrática denigró constantemente la memoria del presidente Hugo Chávez, cuyo legado representa “la mejor de las épocas” para millones de venezolanos. Muchos votantes evocan la década de presidencia de Chávez: sus generosas políticas asistenciales, sus propios orígenes humildes, su coraje, su sentido del humor campechano y sus vínculos con el pueblo llano. Todo esto contrasta enormemente con la “mentalidad de Miami” de los dirigentes de la MUD, su servilismo al consumismo yanqui y al militarismo de Washington, y su acatamiento al elitismo cultural de la clase alta y desdén por la población mestiza de piel oscura.
8. Los diputados y las diputadas de la MUD dedicaron su tiempo en el Congreso a lanzar insultos políticos, cuando no estaban ocupados conspirando un cambio de régimen en los salones sifrinos* de clase alta que frecuenta la élite de Caracas. Han sido incapaces de articular cualquier solución realista que aborde los problemas cotidianos. Sus acusaciones de “dictadura” perdieron fuerza cuando obtuvieron la mayoría en el Congreso y no hicieron nada por el electorado.
9. Las iniciativas frustradas de la MUD para incitar un golpe militar entre los patrióticos oficiales del ejército venezolano alejaron a los demócrata-liberales moderados que, o bien se cambiaron de chaqueta para apoyar a la izquierda o, más probablemente, se abstuvieron en la elección de octubre.
10. Las iniciativas del presidente Maduro para lograr tratos comerciales e inversionistas favorables con Rusia, China e Irán hicieron pensar a los votantes que el gobierno estaba trabajando en alternativas factibles para salir de la crisis.

Es posible que muchos votantes hayan confiado en la promesa de Maduro de acometer nuevas políticas y poner en marcha nuevos programas para reavivar la economía. Pero, lo que es más importante, los programas y perspectivas futuras del PSUV resultaban más atractivos que las previsibles denuncias de fraude electoral de la MUD; y casi dos tercios del electorado decidió participar en las elecciones de octubre. Las acusaciones de fraude solo funcionan con los seguidores más acérrimos de la MUD, que o bien se han abstenido, asegurando en último término la victoria de la izquierda, o bien han ido a votar, convirtiéndose por ello en “cómplices del fraude electoral” que han denunciado.

Conclusión
La Mesa para la Unidad Democrática ha perdido las elecciones regionales de octubre de 2017, menos de dos años después de ganar las elecciones legislativas, gracias a su demostrada incompetencia, su propensión a la violencia contra adversarios democráticos serios y su incapacidad para cumplir cualquier promesa programática.
El Partido Socialista Unificado de Venezuela ha ganado gracias al legado de Chávez así como a la decisión de muchos votantes centristas que prefirieron apoyar un pragmático “mal menor” antes que a una oposición violenta que representaba el caos. Son muchos los votantes desesperados por ver en marcha nuevas políticas que aborden los retos económicos a los que se enfrenta Venezuela. Y, por último, muchos venezolanos rechazan la presunción arrogante y descarada del presidente Trump y del presidente de la OEA, Luis Almagro, según la cual son ellos los que saben lo que es mejor para el pueblo de Venezuela, aunque eso suponga sangre en las calles.
Al final, el legado triunfal de la lucha de clases y la lucha nacional que emprendió Chávez tuvo más peso para el electorado que la impotencia negativa y caótica de una oposición servil. Los esfuerzos de los medios de comunicación venezolanos y estadounidenses por debilitar al gobierno fracasaron porque el pueblo respondió al mensaje socialista: la guerra económica promovida por EE.UU. y no la mala gestión del gobierno era la causa principal de su declive social y económico. Ellos habían experimentado más de una década de política exterior independiente y programas bolivarianos socialistas para poder compararlos con el caos de “cambio de régimen” prometido por Washington y la oposición.
La izquierda ha ganado la batalla por ahora, pero la guerra continúa.

James Petras (traducido por Rebelión)

sábado, 4 de noviembre de 2017

IZQUIERDA-EZKERRA Y ARTURO CAMPIÓN

Arturo Campión es una de las figuras más insignes, culturales y políticas en la historia de Euskalherria del siglo XX, en la defensa y promulgación de la lengua y la cultura euskara.
Él se definía como “basko” y distinto al español. En esa línea, fue protagonista de significativas intervenciones políticas como la protagonizada frente al ministro Germán Gamazo (el de La Gamazada). Entre otros cargos, fue concejal en Pamplona y diputado a Cortes, sin militar nunca en ningún partido político.
Fundador y académico de la Real Academia de la Lengua Vasca. Autor de multitud de libros, cuentos, tratados de historia, ensayos, etcétera, su legado es un patrimonio de un inmenso valor cultural reconocido sin paliativos, como lo muestran las calles con su nombre que han dedicado municipios como San Sebastián, Bilbao, Irún, Sestao, Portugalete y Ansóain (y no, curiosamente, Pamplona). Así como colegios, ikastolas y hasta en Argentina existe el Centro de Estudios de la Cultura y el Nacionalismo Vasco Arturo Campión.
El Gobierno de Navarra ha concedido a Arturo Campión, junto a Olóriz y Altadill, la medalla de oro de Navarra, por uno de sus méritos, importante, pero de los más exiguos: la creación de la actual bandera de Navarra. Izquierda Ezkerra se ha opuesto a esta concesión argumentando que Campión era un racista y que apoyó el alzamiento del 36, en ese sentido, exhorto a los autores de la iniciativa a menos ligereza y más lecturas.
Arturo Campión era de ascendencia italiana y nunca se atribuyó ni para sí ni para nadie la supremacía de la raza vasca. Dijo: “Si el pueblo euskara cuya raza, cuyo genio peculiar, cuyas costumbres son tan esencialmente distintas de las de los otros pueblos, ha podido conservar su personalidad y se ha mantenido con su genuino carácter y sus varoniles virtudes a través de los siglos, es indudablemente porque supo guardar, como en depósito sagrado, esa antiquísima lengua vascongada”. Si esta afirmación, en el contexto histórico, sirve para afirmar en el presente que era un racista, es no entender absolutamente nada.
Existe un escrito atribuido a Arturo Campión en el que muestra su adhesión al Gobierno de Franco. Sin embargo, el historiador Bernardo Estornés Lasa, conocedor del pensamiento de Campión y que lo visitó en vísperas de la toma de la ciudad por las tropas sublevadas, afirma categóricamente que Campión fue durísimo en sus críticas al alzamiento y que no hay actuaciones, muestras u otros escritos que puedan indicar lo contrario. También afirma que esa única carta de afección, atribuida a Campión, supuestamente habría sido escrita cuando éste ya estaba muy enfermo y prácticamente ciego y no solo no se corresponde con su pensamiento, sino que siquiera con su estilo literario ni su vocabulario, por lo que se puede entender como una falsedad más de los golpistas en acto de propaganda que sigue haciendo efecto 80 años después.
La idea de historia en Arturo Campión es un libro cuyo autor, Emilio Majuelo Gil, desgrana diversos aspectos de su extensa y complicada figura. El título de la obra viene al pelo para recomendarlo a Izquierda Ezkerra para que se hagan una idea de la historia de Arturo Campión. La de verdad…

Carlos Campión, en Diario de Noticias